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La denuncia por corrupción formulada contra el presidente de Brasil, Michel Temer, fue leída ayer en un pleno casi vacío de la Cámara de Diputados, en lo que fue el primer paso formal del trámite que definirá si el mandatario responderá a un juicio penal.
La lectura de las 64 páginas en que están volcados los cargos por corrupción pasiva presentados por la fiscalía fue leída en el pleno de la Cámara de Diputados por Mariana Carvalho, segunda secretaria de la mesa directora de ese organismo legislativo.
A pesar de la relevancia del asunto, el hemiciclo estaba casi vacío y apenas se alcanzó el quórum mínimo de 51 diputados, de un total de 513, requerido para una sesión.
La notoria ausencia de parlamentarios fue interpretada como una prueba de la fuerza que el presidente Temer mantiene en la Cámara Baja, en la que los partidos de la coalición oficialista todavía conforman una clara mayoría, pese a que ha menguado al calor del escándalo.
El documento que detalla los cargos formulados contra Temer por la fiscalía fue remitido por la Corte Suprema a la Cámara Baja, que deberá determinar si la denuncia procede y definirá la suerte del mandatario. Temer está acusado de corrupción pasiva, con base en unas confesiones de directivos de la empresa JBS, las cuales sostienen que recibe sobornos de ese grupo desde 2010 y que ese tipo de prácticas se mantuvieron cuando asumió el poder, en mayo del año pasado, después de que comenzó el juicio político que llevó a la destitución de Dilma Rousseff.
Según la Constitución brasileña, un gobernante en pleno ejercicio del cargo sólo puede ser investigado por un delito de carácter penal si hubiera sido cometido durante su mandato, lo cual, según sostiene la fiscalía, es el caso de Temer, el primer gobernante sometido en el país a un proceso de esta naturaleza.
El próximo paso será en la Comisión de Constitución y Justicia del órgano legislativo, que comenzará sus reuniones la semana próxima y tendrá un plazo de hasta 15 sesiones para debatir el caso y aprobar o rechazar un informe que luego será remitido al pleno de la Cámara de Diputados.
Si al menos dos tercios de los 513 diputados votan por aceptar la denuncia, el trámite regresará al Supremo, que tras un debate en su propio pleno de 11 miembros decidirá si finalmente instaura el juicio contra Temer, quien en ese caso sería suspendido del poder durante los 180 días que duraría el proceso.
