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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consiguió al fin una victoria en los tribunales, aunque sólo sea de manera parcial. El Supremo de EU admitió a trámite el caso del veto migratorio del magnate y, mientras, decidió reinstaurar la polémica prohibición de entrada al país de refugiados e inmigrantes de seis países de mayoría musulmana.
“Nos veremos en el juzgado”, había advertido Trump tras todos los reveses recibidos en varias cortes de apelaciones contra su intención de cerrar la frontera y “suspender los viajes” desde “países propensos al terrorismo” a personas que “quieren hacernos daño”. “La decisión de hoy me permite utilizar esta importante herramienta para proteger nuestra nación”, dijo el magnate en un comunicado.
A partir de octubre, cuando el Supremo inicie su nuevo periodo de sesiones, empezará la batalla judicial definitiva para la segunda polémica orden ejecutiva, una versión “aguada” de un primer texto, del que tuvo que deshacerse por las críticas y dudas sobre su constitucionalidad. La resurrección de la segunda versión del decreto fue recibida como un triunfo en la Casa Blanca. “Es una clara victoria para la seguridad nacional”, afirmó Trump.
Los jueces del Supremo aceptaron el argumento de la seguridad para permitir que el gobierno pueda impedir durante 90 días la entrada de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana —Libia, Siria, Irán, Sudán, Somalia y Yemen— y por 120 días suspenda el programa de acogida de refugiados. “Todos los extranjeros están sujetos a las provisiones de la segunda orden ejecutiva”, ordena la decisión del tribunal, pero con una excepción: aquellos que tengan una “relación genuina y de buena fe” con una persona o entidad en EU, y puedan demostrarlo, quedarán exentos del decreto. En la práctica, esa cláusula incluye un grupo muy reducido de personas.
Tres de los jueces de la rama más conservadora dijeron que, si por ellos fuera, permitirían que se aplicara el decreto en toda su extensión, sin la limitación de la relación familiar o laboral exigida en la resolución aprobada. La semana pasada, Trump anunció que cuando un tribunal fallara a su favor el decreto podría operar de nuevo en menos de 72 horas, por lo que funcionará a partir del jueves.
Los departamentos al frente de la aplicación, desde el de Seguridad Nacional hasta el de Justicia, ya anunciaron que se están alistando. Una implementación que se hará “profesionalmente y con avisos con antelación suficiente” para evitar el caos que se vivió horas después de la implementación de la primera versión del veto días después de que Trump pusiera un pie en el Despacho Oval.
La decisión es un golpe para las organizaciones sociales y los estados progresistas que habían desafiado, hasta ahora con éxito, los intentos de Trump. Todos ellos han prometido que seguirán batallando para demostrar que el decreto vulnera leyes y es anticonstitucional, una marca de la islamofobia que se estaría imponiendo Trump.
“La decisión del Tribunal Supremo ignora la intolerancia antimusulmana que está en el corazón de las órdenes ejecutivas”, se quejó el director del Consejo de Relaciones Américano-Islámicas, Nihad Awad, quien auguró un “caos legal” en embajadas y consulados para demostrar “de manera formal y documentada” que un migrante o refugiado tiene lazos en EU.
El Supremo decidió además devolver a tribunales inferiores el caso del joven mexicano asesinado por un agente de la patrulla fronteriza de EU en territorio de México, en una derrota para los familiares del joven, quienes querían poder denunciar al oficial en los tribunales estadounidenses.