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El gobierno estadounidense reanudó sus esfuerzos para cerrar 90 casos de terratenientes de Texas afectados por la expropiación de terrenos para construir valla a lo largo de la frontera con México.
Un abogado de los propietarios describió la medida como la antesala de una batalla judicial en torno al muro fronterizo propuesto por Donald Trump .
Un edicto de 16 páginas fue publicado el 7 de junio en el Brownsville Herald , el diario que circula en la ciudad sureña de Texas, en el que se avisa a centenares de terratenientes que les quedan varias semanas para que fijen la cantidad que consideran el gobierno debe pagarles por sus propiedades.
Ese aviso legal es similar a cualquier otro que se publica en los periódicos de manera ordinaria, salvo porque implica terrenos que el gobierno de Trump podría utilizar para la construcción de un muro fronterizo .
El Departamento de Justicia negó que el edicto esté relacionado con un futuro muro fronterizo . El Congreso se ha negado a aprobar fondos para nuevas construcciones de este tipo, pero un muro de la magnitud como el que Trump ha prometido quizá necesitará cientos de procesos judiciales más para expropiar terrenos privados.
Efren Olivares, abogado del Proyecto de Derechos Civiles de Texas que ha organizado a los propietarios a lo largo de la frontera para que impugnen judicialmente la construcción de cualquier tramo del muro, dijo que el aviso constituye la más reciente “intensificación de actividad” referente a los casos que habían estado inactivos mucho tiempo.
En Roma , una ciudad fronteriza a unos 160 kilómetros al noroeste de Brownsville, al menos dos propietarios fueron visitados recientemente por abogados que quieren poner fin a sus casos, dijo Olivares. No se ha construido valla alguna en Roma, aunque a los habitantes les preocupa la posible reanudación de las acciones del gobierno.
“Este es el preludio de que expropiarán más terrenos para el muro fronterizo", dijo Olivares el jueves.
En el 2006, el Congreso aprobó la Ley de la Valla de Protección con el apoyo de republicanos y demócratas. Eventualmente se instalaron unos mil 130 kilómetros de vallas que abarcan alrededor de un tercio de la frontera sur. Solo se construyeron 160 kilómetros en Texas, donde los derechos de propiedad privada y la irregularidad del terreno complicaron la tarea.
Sin embargo, la mayoría de migrantes que cruzan ilegalmente hacia Estados Unidos lo hacen por el Valle del Río Grande, una franja de ranchos y ciudades en el sur de Texas. Aun cuando la cantidad de arrestos fronterizos tuvo una fuerte baja este año, miles de migrantes cruzan el valle cada mes. En algunos casos, la valla fronteriza atraviesa patios y fincas en Brownsville.
El caso de Sylvia Bourque, cuyo nombre aparece en el edicto publicado en el periódico, es un ejemplo de la complejidad de la tarea que enfrenta el gobierno si procede con la construcción del muro.
El gobierno ofrece 8 mil 300 dólares por poco más de 2 mil metros cuadrados cerca del Río Grande ( Río Bravo en México ), la frontera natural con territorio mexicano.
Sin embargo, Bourque dijo a The Associated Press que ella podría ser una de muchas herederas de una propiedad. Dijo que su tía y su madre fueron dos de una docena de hermanos, con un número incontable ahora de hijos que tendrían interés en la pequeña parcela.
“Ni siquiera intentaría contarlos”, afirmó.
Después de la ley de 2006, la construcción de la cerca obliga al Departamento de Justicia a emprender cientos de casos contra los terratenientes. En muchos de los casos, el gobierno recibió autorización del juez federal Andrew Hanen, quien ha supervisado demandas relacionadas con la valla durante una década, para construir antes de llegar a un acuerdo sobre el pago de los terrenos.
Un portavoz del Departamento de Justicia dijo esta semana que Hanen ha pedido a los abogados resolver los casos restantes. Hanen no respondió a un mensaje de The Associated Press para que hiciera declaraciones sobre el asunto.
Más de 100 de las personas que aparecen en el edicto publicado en el periódico tienen domicilio desconocido y otras viven fuera del estado. Hay varias decenas de referencias sobre los herederos de personas que se presume han muerto. Casi ninguna de ellas tiene abogados, según los documentos conocidos.
Si ninguna de las personas se presenta, el gobierno sostendrá la cantidad que asignó a cada terreno mientras algún tribunal da trámite a algún reclamo.
“Podría simplemente intentar poner fin a cabos sueltos”, señaló Matthew Festa, un experto en dominio eminente y profesor en el South Texas College of Law Houston. “Ahora los vientos políticos han cambiado de rumbo. Sea como sea, nadie quiere que estos casos duren para siempre con los derechos de la propiedad en duda”.
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