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Las compañías de transporte Uber y Lyft reiniciaron hoy sus operaciones en Austin, Texas, minutos después de que el gobernador Greg Abbott, promulgó una ley que autoriza al estado regular este tipo de empresas.
Uber y Lyft habían dejado de operar en Austin hace poco más de un año, cuando los votantes de esa ciudad rechazaron en plebiscito una petición de las empresas para que se eliminara una ordenanza municipal que obligaba a sus conductores a someterse a verificación de huellas dactilares.
La ordenanza, aprobada por el cabildo de Austin en diciembre de 2015, obligaba a los conductores de Uber, Lyft y otras compañías de servicios de taxi, el someterse a una verificación de huellas dactilares.
Las compañías buscaron eliminar la ordenanza y gastaron más de 10 millones de dólares en una campaña para convencer a los votantes de Austin a que rechazaran la disposición en el plebiscito, pero al no poder hacerlo, dejaron de prestar sus servicios en la ciudad mucho antes de que la medida entrara en efecto en febrero pasado.
La ley, promulgada este lunes por el gobernador Abbott, coloca la regulación de este tipo de compañías bajo el Departamento de Licencias y Regulación de Texas y declara explícitamente que los gobiernos locales no pueden regular el servicio o cobrar honorarios a las empresas o a sus conductores.
Abbott dijo que la legislación es una "celebración de la libertad y de la libre empresa. Esto es libertad para todos los texanos, y especialmente para aquellos que viven en el área de Austin", señaló.
La ley HB 100, establece una serie de normas obligatorias para las empresas de transporte, incluyendo qué tipo de delitos o condenas penales impediría a alguien el poder ser conductor de estas empresas.
La ley, sin embargo, no requiere que los conductores se sometan a la toma de huellas dactilares para verificación de antecedentes penales como era el caso con la ordenanza de Austin.
Los conductores estarían sujetos en cambio a verificaciones de antecedentes, conducidas por terceros contratados por las compañías de transporte, basados en documentos públicos como licencias de conductores y números de Seguro Social.
La nueva ley tampoco requiere que los conductores obtengan permisos individuales o exhiban el denominado "vestido comercial" o logo de la compañía para la que prestan servicios.
La HB 100 requiere que las empresas paguen una cuota al Estado por la autoridad para operar, pero el estatuto no especifica el monto de esa tarifa.
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