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“¡Javier Duarte: ni perdón ni olvido!”, gritaron cuatro enfurecidas mexicanas—madres de personas desaparecidas en Veracruz, Querétaro y Sinaloa—que se instalaron hoy en la mañana a la entrada de el penal de Matamoros, una cárcel en un cuartel militar de esta capital en la que el político mexicano permanece preso desde el pasado domingo, a la espera de que prosiga el proceso sobre su extradición de Guatemala a México.
“¡Que pague!”, exigieron las mujeres, que llegaron anoche en avión a Guatemala y hoy en la mañana se apostaron con una manta del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, en la que se escribió un mensaje dirigido al ahora encarcelado político mexicano: “¡Sí, merezco venir a Guatemala Duarte! Para recordarte que debes miles de muertes y desaparecidos en Veracruz”.
“Exigimos” que Duarte “sea extraditado a México lo antes posible para ser juzgado y castigado, no solo por el desvío millonaria de recursos o por enriquecimiento ilícito, sino para que responda también por todas las desapariciones y ejecuciones que se realizaron en el estado de Veracruz durante su mandato”, afirmaron en un mensaje que, a nombre del grupo, leyó la mexicana Araceli Salcedo Jiménez, madre de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, desaparecida en septiembre de 2012 en Orizaba.
El número de desaparecidos en la gestión de Duarte como gobernador de Veracruz, de 2010 a 2016, oscila entre 15 mil y 20 mil, aseguró la mexicana Lucy Díaz, madre de Luis Guillermo Lagunes Díaz—víctima de secuestro extorsivo en junio de 2013 y desaparecido desde entonces—y dirigente de El Solecito, una agrupación que reúne a madres y parientes de desaparecidos en ese estado.
Duarte “tiene muchas desapariciones en su haber”, aseguró.
No fue posible verificar si Duarte, quien siempre negó su responsabilidad en esos hechos, supo de la visita de las madres mexicanas a las afueras de la cárcel a la que ingresó en la madrugada del pasado domingo, tras ser detenido en la noche del día anterior en un hotel de Panajachel, un municipio del suroccidental departamento guatemalteco de Sololá.
“Buscamos a nuestros familiares tanto en vida, muerte y fosas clandestinas. Cabe mencionar que hemos denunciado que dichas fosas han sido localizadas en predios de ex alcaldes y ex comandantes de policía de la zona centro del estado de Veracruz”, ratificó Salcedo.
“La delincuencia organizada tuvo un incremento notable en sus actividades ilícitas” en el gobierno de Duarte y el aumento de la criminalidad se evidenció con “secuestros, extorsiones, desapariciones y ejecutados, crímenes que afectaron directamente a la población civil en general sin respetar edad, sexo, estatus social ni profesión”, denunció.
Como jerarca del ejecutivo estatal, Duarte era responsable de “evitar estos crímenes de lesa humanidad, en los que él mismo y sus funcionarios cómplices tuvieron participación”, puntualizó.
En una audiencia el miércoles pasado en un tribunal de esta capital, el ex prófugo político rechazó ser extraditado a México y decidió que, con la condición de conocer primero la solicitud formal de extradición, se reservó el derecho de acogerse luego a un trámite expedito de repatriación para someterse a la justicia por los supuestos delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita que habría cometido como gobernador.
