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Cuando el Partido de Desarrollo y Justicia (AKP) de Recep Tayyip Erdogan triunfó en las elecciones parlamentarias de 2002, la Unión Europea pensó que finalmente Turquía dejaría atrás los años turbulentos y avanzaría hacia a su integración en la comunidad. El optimismo mostrado por el Ejecutivo comunitario, entonces encabezado por Romano Prodi, respondía a que había tomado las riendas del gigante musulmán, un partido que contaba con el apoyo de diversas ideologías y se mostraba comprometido con la democracia, el laicismo, la lucha contra la desigualdad, la pobreza, la corrupción y la exclusión de las minorías.
Tras 13 años de liderazgo de Erdogan, 11 como primer ministro y dos como presidente, no sólo la entrada de Ankara en la Unión es más remota que nunca, el país ha retrocedido en todos los indicadores sobre los que está fundado el proyecto comunitario, como respeto a la dignidad humana, la democracia y el Estado de derecho.
El cambio de viraje en Turquía coincide con la crisis desatada en 2013, cuando el partido de Erdogan se vio involucrado en casos de corrupción que desencadenaron en el colapso del gabinete de gobierno y una guerra abierta entre los poderes Judicial y Ejecutivo.
Para entonces el partido en el poder había crecido tanto que resultaba imposible controlar a sus miembros; al tiempo que el gobierno musulmán terminó por reconocer que no importaba que tanto Turquía se abriera al mundo o sincronizara sus leyes con las normas europeas, nunca sería aceptado por occidente.
Los primeros en sentir el viraje de la democracia turca, exacerbada por el impacto político desencadenado por la pérdida de la mayoría en el Parlamento por parte del AKP en las elecciones de junio de 2015 y el rompimiento al alto el fuego entre las fuerzas armadas del Partido de los Trabajadores de Kurdistán y el Estado en julio de ese año, fueron los periodistas y trabajadores de la prensa libre, así como los sindicalistas y activistas defensores de derechos humanos, denunció en su momento la Federación Internacional de Periodistas.
Utilizando a los tribunales y aplicando a modo la legislación sobre libertad de expresión, intimidó a los críticos y puso bajo control estatal a medios estratégicos como el Zaman, el mayor periódico del país.
Pero el deterioro de la situación se aceleró tras el fallido golpe de Estado de julio de 2016, el cual ha servido al gobierno de Erdogan como excusa para controlar el poder judicial y silenciar a todos sus opositores poniéndolos tras las rejas, denunció durante una manifestación en Ankara, Cemal Canpolat, jefe de la oficina local del secular Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal fuerza opositora.
De acuerdo con el Sindicato de Periodistas de Turquía, la oleada de represión, sustentada además en la lucha contra el terrorismo, se ha traducido en la detención de más de 120 periodistas, el cierre de 180 medios de comunicación y la pérdida de empleo por parte de 3 mil trabajadores de la prensa. Además, cientos enfrentan persecuciones penales y extrajudiciales.
Por su parte, Amnistía Internacional reporta la suspensión de actividades de 370 ONG involucradas en rubros como los derechos de los abogados, la infancia y la equidad de género.
Hasta enero pasado, unas 40 mil personas habían sido detenidas y más de 115 mil removidas de sus funciones públicas. El primer ministro, Binali Yildirim, ha reiterado que los detenidos están asociados al predicador Fethullah Gülen, quien se encuentra en Estados Unidos y es señalado como el cerebro detrás de frustrado golpe.
Pero los detractores de Erdogan sostienen que la ola represiva no se limita a los arrestos; los familiares de los detenidos son objetivo de una campaña de persecución que se traduce en la anulación de sus pasaportes, la congelación de cuentas bancarias y despidos injustificados.
Por otro lado, el sistema judicial ha sido desmantelado. De los 15 mil jueces y oficiales de justicia en el país, 2 mil 745 han sido suspendidos; mientras que los abogados que asumen casos de presuntos asociados al “movimiento gulenista” son acusados de defender “terroristas”.
De acuerdo con Mehmet Cerit, editor del diario Zaman Vandaag de la comunidad turca en Holanda y asociado al clérigo Gülen, el objetivo de Erdogan es instaurar una autocracia a partir de sistema presidencialista. En abril, el AKP convocará un referéndum constitucional al respecto.
“Es un asunto de todo o nada”, dice Cerit, quien asegura que la única forma de frenarlo es aplicando medidas dolorosas, es decir, a través de sanciones económicas por parte de la Unión Europea y Estados Unidos.
La Eurocámara pidió en noviembre congelar las negociaciones de adhesión de Turquia a la Unión Europea, medida a la que se opone la alta representante de la Política Exterior Europea, Federica Mogherini, quien cree que la mejor forma de contribuir a la democracia en ese país es a través del diálogo y no la confrontación.
