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El caso Nóos, por el que Iñaki Urdangarin ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión, es una investigación criminal sobre el uso que hizo el cuñado del rey de España de una fundación benéfica para lucrarse explotando sus contactos políticos y empresariales.
Iñaki Urdangarin y su amigo Diego Torres crearon este instituto supuestamente benéfico para conseguir contratos públicos relacionados con eventos y conferencias deportivas.
Luego, mediante sociedades pantallas, desviaban el dinero que les reportaban esos contratos hacia sus cuentas bancarias, en lugar de dedicarlo a las acciones sociales en las que aseguraban reinvertirlo. Torres gestionaba estos negocios opacos, y Urdangarin lograba los clientes gracias a su buena imagen como familiar del rey y medallista olímpico en balonmano.
Se trata de un caso derivado de otro gran dosier de corrupción, el caso Palma Arena, una investigación sobre la construcción con grandes sobrecostos de un velódromo deportivo en Palma de Mallorca que destapó una red de corrupción en torno al ex ministro y ex presidente de las islas Baleares, Jaume Matas, del conservador Partido Popular.
El primer indicio del Nóos se dio cuando en 2006 fue revelado que Jaume Matas pagó 1.2 millones de euros al Instituto Nóos para que celebrara en Palma de Mallorca un Foro sobre Turismo y Deporte que tuvo apenas repercusión. A pesar de estas primeras sospechas, Nóos y sus empresas satélite siguieron funcionando hasta 2009.
En 2010, en unos registros relacionados con el Palma Arena, la policía encontró más documentos sospechosos sobre convenios entre el gobierno balear y el Nóos. El juez instructor José Castro creó a partir de estos documentos un caso separado por apropiación indebida de fondos públicos, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.
Las investigaciones del juez Castro descubrieron que Urdangarin persuadió a varias administraciones públicas para firmar acuerdos con su instituto tanto por trabajos que nunca se hicieron como por otros con presupuestos desorbitados, de hasta 6 millones de euros de dinero público.
La infanta Cristina de Borbón fue incluida en la investigación por ser copropietaria de una de las sociedades pantalla con las que Urdangarin gestionaba el dinero extraído del Instituto.
El caso Nóos ha supuesto un gran desprestigio para la Familia Real española y está entre las razones que precipitaron la abdicación de Juan Carlos I el 19 de junio de 2014. Durante el juicio del Nóos se revelaron correos entre Torres y Urdangarin que revelaban la falta de ética del cuñado del rey, tanto en la gestión de los negocios como en su vida privada.
El caso ha estado rodeado de continuas polémicas. El juez Castro y el fiscal terminaron enfrentándose por la decisión de acusar a la infanta, a lo que el fiscal se negó por considerar que Cristina de Borbón no conocía la fuente del dinero de su esposo, a pesar de que firmó documentos sobre la gestión de esos fondos.
Finalmente, la infanta fue imputada a través de la intervención de un sindicato llamado Manos Limpias, que terminó siendo disuelto tras probarse su participación en numerosos chantajes a personalidades, a las que demandaba judicialmente para exigirles dinero a cambio de retirar las acusaciones.
La sentencia, de 740 folios, llega cinco años después de que empezara la investigación y tras ocho meses de juicio. En total, fueron condenados nueve de los 17 acusados en la trama.
Diego Torres, el socio de Urdangarin, recibió la mayor pena: ocho años y medio de prisión. Jaume Matas, fue condenado a tres años de prisión que se acumulan a los seis que tiene por otros delitos. La infanta resultó absuelta.
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