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Iñaki Urdangarin fue condenado este viernes a seis años y tres meses de prisión por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos contra la Hacienda Pública. El cuñado del Rey de España es el primer miembro de la familia real que irá a prisión. Su esposa, la infanta Cristina ha sido absuelta, pero se le obliga a pagar a Hacienda 265 mil euros que gastó pese a su procedencia ilegal.
La Fiscalía Anticorrupción pedía 19 años para Urdangarin en el llamado caso Nóos, en el que usó una fundación benéfica para lucrarse explotando sus contactos y la imagen de la Casa Real. Se le acusaba de ocho delitos (tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, dos delitos contra Hacienda y blanqueo) y ha sido condenado por cuatro con penas mínimas. Los primeros análisis consideran la sentencia suave. Ésta admite un recurso en el Tribunal Supremo que podría retrasarse hasta un año, durante el que él probablemente permanecerá libre. La Fiscalía planeaba pedir el ingreso inmediato de Urdangarin si las penas eran mayores.
A la infanta Cristina no la acusaba la Fiscalía, sino solamente un polémico sindicato llamado Manos Limpias, que pidió para la hermana de Felipe VI y sexta en la línea de sucesión real ocho años de cárcel por colaboración en los dos delitos fiscales de Urdangarin. La infanta ha sido sólo condenada a devolver dinero que gastó sin saber que había sido ganado por su marido ilegalmente. Al principio del juicio, ella ya consignó este importe en la cuenta del juzgado por lo que su deuda con Hacienda está saldada.
A las 12 horas la Audiencia de Baleares hizo público un fallo histórico. Es la primera vez que un miembro de la Casa Real española se sentaba ante un juez, y el proceso se consideró desde el primer momento un evento clave para la confianza ciudadana en la justicia.
Tres magistradas han juzgado el denominado caso Nóos: Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín. La sentencia, de 740 folios, llega 11 años después de que la prensa destapara el escándalo. El Instituto Nóos, una institución sin ánimo de lucro que dirigían Diego Torres y Undargarin, fue el vehículo que ambos utilizaron para lucrarse. Aprovechando las conexiones y la buena imagen de Urdangarin (que aparte de familiar del Rey fue jugador de balonmano olímpico) conseguían contratos públicos relacionados con actividades deportivas y conferencias y luego, mediante sociedades pantallas, desviaban el dinero hacia sus cuentas en lugar de dedicarlo a las acciones benéficas en las que aseguraban reinvertirlo.
En total, 17 personas estaban acusadas en la trama, incluidos políticos de primera línea. Diego Torres, el socio de Urdangarin, ha sido el acusado condenado a una mayor pena: ocho años de prisión como cabecilla de la trama.
La infanta deberá pagar por responsabilidad civil al haberse lucrado de la actividad delictiva de su marido. El abogado de la infanta, Miquel Roca, ha demostrado su “alegría” y ha expresado que “la infanta tiene la satisfacción de que se haya reconocido su inocencia, pero el golpe de que su marido haya sido condenado a prisión a pesar de que ella continúe creyendo en su inocencia”. Roca ha asegurado que este proceso es una demostración de que “todos los ciudadanos son iguales ante la ley”.
La Casa Real no ha querido hacer declaraciones, y se ha limitado a expresar su “respeto absoluto a la independencia del poder judicial”.
La infanta Cristina y Urdangarin se casaron en 1997 y tienen cuatro hijos. Considerados una pareja modelo, muy cercana al mundo del deporte olímpico y los negocios, cuando su implicación en el caso Nóos se hizo evidente en 2011, la Casa Real los apartó de sus actividades oficiales. En un paso más, Urdangarin fue luego formalmente excluido de entorno real por su actitud “poco ejemplar”. La pareja vive en Ginebra, donde la infanta tiene un puesto en una fundación del banco La Caixa. En 2015, el Rey les retiró también el título de duques de Palma.
