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San José.— El explosivo coctel de deportados, homicidios y remesas familiares exhibe el impacto de la mezcla entre migración irregular, inseguridad y exclusión social, así como del viejo acople de corrupción política, impunidad y violencia que se sufre a diario en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Acorralados por el asedio incesante de las maras o pandillas juveniles, de los coyotes o tratantes de personas y de las más variadas modalidades del crimen organizado regional, nacional y transnacional, en un escenario de creciente ingobernabilidad con una añeja crisis de injusticia social, Guatemala, El Salvador y Honduras se consolidaron en 2016 como una de las zonas que, sin soportar una guerra civil u otro tipo de conflicto bélico, está entre las más violentas del mundo.
“El Triángulo Norte es un problema”, dijo la hondureña Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en una entrevista con EL UNIVERSAL.
“Hay muchos factores que hacen que la población sea marginada y excluida de los servicios sociales. Sumado a la violencia e inseguridad, todo hace que muchas familias tengan que huir y migrar principalmente al exterior a buscar empleo y escapar de la violencia, las amenazas, las extorsiones”, lamentó.
Por eso es que, cuando son deportadas, especialmente de México y de Estados Unidos, esas personas se enfrentan a la realidad de que se les complica reinsertarse a una sociedad de la que fueron excluidas o de la que tuvieron que huir por la violencia o la escasez de opciones laborales y de progreso.
“En estos países la situación es alarmante: la inversión en seguridad es más para control del delito y menos para prevención. Se desatienden factores estructurales de la violencia, como desempleo, pobreza estructural, inversión en el campo y educación”, aseveró Ayestas.
Cifras calientes. Datos de los bancos centrales, las policías y las dependencias de migración de Honduras, Guatemala y El Salvador entregados a este periódico mostraron el comportamiento de remesas familiares, homicidios y deportaciones de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños en 2016 frente a 2015. Algunas cifras son preliminares, porque los números de fin de año están en revisión.
Las remesas familiares, que mayoritariamente son enviadas por los ciudadanos de esas tres naciones que viven, legal o ilegalmente en EU, aumentaron de 13 mil 780 millones de dólares en 2015 a 14 mil 847 millones de dólares en 2016.
Aunque esas personas debieron migrar por vías irregulares a EU desde sus países de origen, que son expulsores de seres humanos y no satisfacen necesidades sociales básicas a sus habitantes, luego se convierten en piezas claves para el sostenimiento de las economías: las millonarias transferencias a sus parientes son una vital inyección de recursos.
Un elemento paralelo a las remesas son las deportaciones. EU pasó de deportar 72 mil 995 salvadoreños, hondureños y guatemaltecos en 2015 a 79 mil 396 en 2016, mientras que las deportaciones de oriundos del Triángulo, desde México, bajaron de 158 mil 789, en 2015, a 128 mil 294, en 2016.
“Al ser deportadas, estas personas dejan de enviar remesas. Los países todavía no están preparados para recibir a estos conciudadanos que se han ido por múltiples causas. Aún no se ofrecen las condiciones para su regreso y su reinserción ni para que puedan vivir o convivir en estas naciones con altos niveles de violencia”, explicó Ayestas.
Pese a todo, y a la espera de datos definitivos, el número de homicidios en el trío de países —bases cruciales de las maras 18 y Salvatrucha— disminuyó de 16 mil 582, en 2015, a 14 mil 952, en 2016. Aun así, es una tasa elevada, comparada con otras regiones del mundo.
Descomposición. Al convulso contexto se añade la corrupción política, que atiza la ingobernabilidad y es una constante con nuevos casos en los tres países. El presidente salvadoreño Antonio Saca (2004-2009) cayó preso en 2016 por un escándalo de corrupción y el también ex mandatario de ese país Mauricio Funes (2009-2014) obtuvo asilo político en Nicaragua el año pasado tras aducir que se le persigue por presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias, asociaciones ilícitas, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.
El presidente del Congreso de Guatemala, Mario Taracena, acusó al pasado viernes que en el parlamento de ese país hay diputados ligados al narcotráfico. “Hay demasiados narco-diputados”, aseguró. Así, y en una zona en la que más de la mitad de los 31 millones de habitantes del Triángulo vive en distinto rango de miseria, los cocteles explosivos son variados.
