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La guerrilla colombiana de las FARC, en proceso de dejar las armas en el marco de un acuerdo de paz con el Gobierno, expulsó de sus filas a cinco comandantes de estructuras dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal que entraron en disidencia, mientras que las Fuerzas Militares anunciaron el miércoles que los combatirán sin tregua.
Las expulsiones de los jefes de unidades que operan en las selvas del sureste de Colombia con extensas plantaciones de hoja de coca y laboratorios para producir cocaína, se suma a la de otro jefe rebelde que en julio anunció que se apartaba del proceso de paz con varios de sus hombres.
Entre los separados figura Gentil Duarte, quien participó en la negociación que se realizó en Cuba.
"Esta decisión está motivada en su conducta reciente que los ha llevado a entrar en contradicción con nuestra línea político-militar", dijo un comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Hacemos un llamado a los combatientes que bajo engaño han sido llevados a emprender un camino de aventura sin futuro, para que se aparten de la errada decisión que han tomado sus jefes inmediatos y regresen a las filas de las FARC-EP donde serán acogidos nuevamente por sus camaradas", precisó el grupo insurgente sin revelar la cantidad total de desertados.
El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que los jefes rebeldes desertores y sus cómplices serán perseguidos porque el proceso de paz es serio.
"Aquellos que se declaren en disidencia de las FARC o se conviertan en bandidos son declarados objetivos de alto valor para las Fuerzas Armadas. La Fuerza Pública los ha de perseguir con contundencia", declaró el funcionario.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron el 24 de noviembre un nuevo pacto después de que el original fue rechazado en un plebiscito.
Sin embargo, las modificaciones no atendieron los dos principales reclamos de la oposición liderada por el ex presidente Álvaro Uribe: que los jefes de la guerrilla paguen con cárcel por sus delitos y que no puedan postular a cargos de elección popular.
El acuerdo establece que la guerrilla se ubicará en zonas pactadas con el Gobierno y que a más tardar en cinco meses dejará las armas y sus 7.000 combatientes conformarán un partido político, poniendo fin a un conflicto de 52 años que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados.
Pese a los avances para lograr la paz, el pacto ha dividido a la nación de casi 49 millones de habitantes, una sociedad conservadora donde aún está arraigado el rechazo a la guerrilla por su pasado criminal y donde muchos todavía no están dispuestos a perdonar.
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