El Senado brasileño votó ayer una Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) que recorta los gastos públicos para los próximos 20 años.
La “PEC número 55, de Techo de Gastos Públicos”, que no tiene antecedentes en el mundo, es impulsada por el presidente Michel Temer, quien busca solucionar la crisis económica que atraviesa el país desde 2014. En la votación, 53 votos fueron a favor y 16 en contra, al tiempo que varios movimientos sociales y sindicatos protestaban en ocho estados. El texto será promulgado en la sesión del Congreso Nacional de mañana.
La PEC es una herramienta solicitada por el ministro de Economía, Hen-
rique Meirelles, y fue enviada por el poder Ejecutivo al Congreso con el objetivo de equilibrar las cuentas públicas por medio de un rígido mecanismo de control de gastos.
De hecho, establece una posibilidad de revisión sólo a partir del décimo año de vigencia. Mientras tanto, los gastos públicos podrán ser reajustados con base en la inflación oficial anual.
El presidente del Senado, Renan Calheiros (del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, conducido por Temer), dijo luego de la aprobación de la PEC que esto “no significa que Brasil vaya a vivir con un perpetuo ajuste fiscal, porque esta medida estimula el regreso al crecimiento de la economía”.
“Es una estrategia del gobierno, una manera de recuperar la confianza de los mercados”, explicó a EL UNIVERSAL el analista político Geraldo Tadeu Monteiro, del Departamento de Ciencia Política del Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro.
Agência Senado —el órgano informativo oficial de la Cámara Alta brasileña— reportó desde el recinto que los opositores dijeron que la iniciativa impedirá inversiones públicas, agravará la recesión y perjudicará principalmente a los más pobres al disminuir los recursos para áreas como educación y salud. Incluso, el bloque opositor intentó dilatar la votación y restar quórum, pero no lo logró.
El gobierno, en cambio, explicó que la medida es fundamental para garantizar el reequilibrio de las cuentas, en tanto los gastos públicos crecen muy por arriba del producto bruto interno (PBI). Más allá de eso, para los senadores oficialistas el nuevo régimen fiscal permitirá una reducción de las tazas de interés y creará un ambiente propicio para el crecimiento económico.
La semana pasada, Philip Alson, relator especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza y los derechos humanos, atacó el proyecto diciendo que la PEC colocará “a toda una generación futura en riesgo de recibir una protección social muy por debajo de los niveles actuales”. El relator opinó que se trata de “una medida radical, desprovista de toda compasión” y que “aumentará los niveles de desigualdad en una sociedad ya extremadamente desigual”.
“[El presidente] Temer no pudo recuperar la economía porque al principio no tenía un proyecto, tiene baja legitimidad y no consiguió crear un gobierno de unión nacional; por lo tanto, se limitó a intentar una cierta estabilidad y ahora apuesta por esta legislación”, expuso a este diario el analista Monteiro, del Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro.
“La crisis económica viene de los tiempos de Dilma Rousseff. En 2014 hubo una caída del PIB y de la producción, y a pesar de eso el gobierno puso recursos en la reelección de Dilma. Aunque ya se agotaba el ciclo de crecimiento económico, los programas públicos del gobierno con interés electoral fueron potenciados y se produjo una situación de descontrol”, señaló el experto.
La medida desató protestas de miles de brasileños que tomaron las calles en ciudades de al menos 13 de los 27 estados del país. Los participantes dijeron que el recorte al gasto afecta presupuestos de áreas como educación, sanidad o atención a los más pobres. En Brasilia, la policía enfrentó a la gente con gases lacrimógenos y hubo varios detenidos. Con información de agencias
