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Bogotá.— El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, advirtió ayer que su gobierno no permitirá que grupos violentos pongan en riesgo el proceso de paz con las FARC, al referirse a atentados cometidos en las últimas semanas contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos.
“Quiero ante todo reiterar mi condena y mi rechazo y de todo el gobierno a los actos de violencia, a los atentados y homicidios contra líderes comunales y defensores de derechos humanos ocurridos en los últimos días”, dijo Santos al término de una reunión que convocó para analizar la situación.
“No vamos, que quede muy claro, a permitir que los violentos pongan en riesgo los avances y las esperanzas de la paz”, añadió.
Santos encabezó un encuentro de la Comisión de Alto Nivel para la Protección de los Derechos Humanos para encarar los ataques que se han presentado en varios lugares del país, especialmente contra miembros del movimiento político de izquierda Marcha Patriótica.
A la reunión asistieron el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el director de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland; y altos mandos de las Fuerzas Armadas.
El presidente afirmó que la fiscalía general “está acelerando su labor investigativa para esclarecer cada uno de los casos” y que su gobierno ordenó a la Unidad de Protección de Personas analizar la situación de riesgo de líderes sociales que eventualmente pueden ser blanco de atentados.
La Unión Europea (UE) manifestó “una profunda preocupación” y animó a las autoridades “a realizar un seguimiento e investigación exhaustivos de estos ataques”.
Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, citados en un comunicado de la UE, en Colombia han asesinado a más de 50 líderes campesinos en lo que va de 2016, cifra que para el bloque comunitario es “alarmante”.
“Estos crímenes no sólo constituyen un ataque contra los propios defensores y sus familias, sino contra las comunidades a las que pertenecen y cuyo tejido social se ve gravemente afectado... animamos a las diferentes instancias estatales a poner en práctica medidas preventivas que favorezcan la protección de [estas personas], especialmente necesarias en el contexto del actual proceso de paz y su próxima implementación”, agregó el texto.
