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Kenia y Namibia han expresado su disconformidad con el actual papel de la Corte Penal Internacional (CPI) en la Asamblea de Estados Parte en La Haya y han amagado con retirarse del Estatuto de Roma, documento fundacional del tribunal, lo que ya han hecho Sudáfrica, Gambia y Burundi.
"En incontables ocasiones se han frustrado nuestros propósitos de mejorar la Asamblea", dijo la embajadora de Kenia en Holanda, Rose Makena, en una de las intervenciones más duras realizadas durante el evento, que hoy celebró la tercera jornada de su decimoquinta reunión anual.
Consideró que esa actitud es de "total desconsideración" con el espíritu del Estatuto de Roma y "debe ser purgada con vigor".
A su juicio, ignorar los puntos de vista de una parte de los miembros "supondrá seguramente el fallecimiento de la CPI".
Makena indicó que su país "siempre ha creído en los nobles objetivos del Estatuto de Roma", pero que "la Asamblea de Estados Parte no tiene el monopolio de la promoción y la protección de los derechos humanos".
La diplomática lamentó las palabras del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, con las que el miércoles se refirió a que Sudáfrica, Gambia y Burundi se hayan retirado del Estatuto de Roma.
"Una nueva tendencia aislacionista y un liderazgo sin principios está creciendo alrededor del mundo", señaló el representante de Naciones Unidas.
Según Makena, Hussein "carece del coraje de mencionar por sus nombres a los países que se mantienen fuera del ámbito del Estatuto de Roma".
La embajadora se preguntó en voz alta: "¿No son estos países que han abandonado a las víctimas de los más abominables crímenes internacionales? ¿O tienen que ser los Estados africanos los chivos expiatorios de siempre?".
También Namibia abordará en su Parlamento "si retirarse o quedarse", dijo a la Asamblea de Estados Parte el ministro namibio de Justicia, Issaskar Ndjoze, aunque remarcó que no es algo "inevitable" que su país se vaya a retirar del Estatuto de Roma.
Ndjoze recordó el principio de complementariedad del tribunal, por el cual la CPI "solo debería asumir los casos cuando no hay capacidad o un genuino compromiso de llevar adelante los procedimientos judiciales en otro sitio".
Asimismo, reclamó que sean "instituciones judiciales nacionales y, en cierta medida regionales, las que tengan la responsabilidad fundamental" de juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Otra crítica de Namibia fue que, aunque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede solicitar a la CPI que inicie una investigación, sus miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido) tienen derecho de veto.
"Esta asamblea tal vez desee considerar una enmienda que elimine ese veto", solicitó el titular de Justicia.
Se da la circunstancia que tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad -China, Estados Unidos y Rusia- no han ratificado el Estatuto de Roma, por lo que no están bajo la jurisdicción de la CPI.
La mayoría de los otros países africanos presentes en la Asamblea de Estados mostró su apoyo al tribunal internacional.
No obstante, muchos de ellos pidieron que la corte no se centre solo en África.
Fue el caso del ministro de Justicia de Nigeria, Abubakar Malami, quien solicitó que "todos los continentes sean tratados por igual".
Asimismo, el fiscal general de Botsuana, Athaliah Molokomme, definió como "preocupaciones legítimas" las críticas de los Estados africanos y pidió que sea la Asamblea de Estados Parte la que "las aborde mediante el diálogo, para limar las diferencias".
También el fiscal general de Uganda, William Byaruhanga, lamentó que "la relación entre la Corte y la Unión Africana no haya reflejado totalmente la buena voluntad y el respeto mutuo esperado".
No obstante, fuentes de la delegación ugandesa consultadas por Efe descartaron que ese país esté considerando su retirada de la CPI.
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