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Un juez ordenó hoy detener a la presidenta de la asociación argentina de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, tras no acudir a declarar en una causa por presunto fraude al Estado, informaron a Efe fuentes jurídicas.
La decisión la tomó el magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la causa conocida como "Sueños Compartidos", que investiga un supuesto fraude a la Administración a través de un programa dedicado a la construcción de viviendas sociales y administrado por la Fundación de las Madres de la Plaza de Mayo.
De Bonafini, de 87 años, ya faltó el pasado 6 de julio a la primera citación del magistrado y tras su ausencia de hoy se preveía que pudiera ser obligada a acudir con la fuerza pública.
Es así que el subcomisario Gómez de Olivera, del Departamento de delitos federales de la Policía Federal de Argentina, se presentó hoy en torno a las 14.30 hora local (17.30 GMT) a la sede de la asociación, en el centro de la capital, y dijo que necesitaba "cumplimentar una orden de allanamiento" dispuesta por el juez federal.
Mientras, casi a la par, de Bonafini se dirigía en una furgoneta desde ese lugar hasta la plaza de Mayo, lugar donde cada jueves desde el 30 de abril de 1977 la organización realiza la tradicional ronda frente la sede del Gobierno nacional, armadas de sus pañuelos blancos.
Multitud de personas acompañaron a la mujer para demostrarle su ánimo, aunque de momento no se hizo efectivo el arresto.
La anciana no acudió a declarar hoy porque asegura que hace casi 40 años padece "agresiones" de la "mal llamada Justicia".
En un escrito presentado por su abogado al juez Martínez de Giorgi, Bonafini explica que, desde 1977 y 1978, cuando sus dos hijos y su nuera fueron hechos desaparecer por la dictadura (1976-1983), inició un "calvario" en una "constante peregrinación por los juzgados" y que sintió siempre "la misma ignominia, la misma indiferencia" de la Justicia.
En la causa que investiga el magistrado, también citó a otras 42 personas, varias de ellas figuras políticas y altos cargos de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015), ya que se quiere comprobar si hubo "connivencia (con) funcionarios públicos" para gestionar y obtener "ilegítimamente" fondos estatales para la construcción de las viviendas.
"Si me tienen que meter presa, que me metan", dijo hoy en una radio la titular de Madres de la Plaza de Mayo, asociación formada durante la última dictadura con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos en ese periodo, así como establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes.
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