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Washington.— El gobierno de Estados Unidos está dispuesto a cerrar los centros de detención para inmigrantes gestionados por empresas privadas. Debido a la presión de asociaciones que exigen su clausura inmediata y siguiendo los pasos del Departamento de Justicia estadounidense, que tras un estudio anunció hace unos días que reducirá y acabará con el uso de cárceles privadas a nivel federal, ayer el Departamento de Seguridad Nacional avisó que evaluará de la misma forma los centros de detención de inmigrantes para analizar la conveniencia de su existencia.
En esos lugares todavía hay indocumentados que llegaron a Estados Unidos en la oleada migratoria del verano de 2014, que batió récords de cruzar la frontera entre México y EU de forma ilegal.
“He pedido a un subcomité que considere todos los factores referentes a la política y práctica de los centros de detención”, escribió Jeh Johnson, secretario de Seguridad Nacional del gobierno de Barack Obama.
Según cifras de AP, 41 de los cerca de 180 centros de detenciones donde se retiene a inmigrantes están en manos privadas.
El funcionario exigió que el análisis y los resultados sean presentados a más tardar el 30 de noviembre de este año, a partir de los cuales él y la directora del Servicio de inmigración y aduanas (ICE), la latina Sarah Saldaña, tomarán una decisión sobre “si se deberían eliminar” unos centros que no han estado exentos de polémica
y crítica.
Los comentarios negativos a estos lugares se han multiplicado por las condiciones en las que se tiene a los inmigrantes a la espera de que se aclare su situación.
Gran parte de las protestas provienen de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los latinos, que culpan de los precarios servicios y cuidados de estos lugares al interés y beneficio económico de las empresas gestoras, lo que pone en peligro la higiene y seguridad de los que viven ahí. El 60% de los casi 400 mil inmigrantes que pasan anualmente lo hacen por centros de titularidad privada.
La candidata demócrata a la presidencia de EU, Hillary Clinton, ha prometido que cerrará los centros de detención de familias inmigrantes en manos privadas; Raúl Grijalva, senador de origen mexicano, y su colega y ex candidato presidencial Bernie Sanders, enviaron a Johnson una carta pidiéndole el desmantelamiento inmediato de esta red creada que es “más costosa, menos efectiva y más peligrosa” que la integrada por los centros de gestión pública.
Una de las mayores empresas que se verá afectada por el análisis, The GEO Group (con más de un centenar de cárceles y centros de detención en todo el país), dio “la bienvenida” a la revisión de los estándares de sus instalaciones y aseguró que las que están bajo contrato con el ICE son “de alta calidad”, así como centros “seguros y con ambiente humano”. CCA, otra de las gestoras de centros privados, se mostró “orgullosa de la calidad y el valor de los servicios que provee”.
Sin embargo, es probable que del estudio se desprendan conclusiones parecidas a las del análisis del Departamento de Justicia sobre las cárceles privadas, que demostró que las empresas realizaban una gestión que empeoraba la seguridad de los penales y se multiplicaban los incidentes. Eso llevó hace unas semanas a anunciar el inicio de los trámites para cancelar los contratos con las empresas privadas que gestionan las 13 cárceles de estas características que existen en el país, hasta su cierre definitivo.
