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Quito.— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró al gobierno de Ecuador la vigencia de las medidas cautelares ordenadas por ese organismo en favor de tres opositores sometidos a procesos judiciales por el presidente Rafael Correa y el gobierno.
La comisión interamericana, dependiente de la Organización de Estados Americanos, basada en Wa- shington, envió una carta con fecha del 18 de agosto, suscrita por Mario López Garelli, por autorización del Secretario Ejecutivo.
“Me permito reiterar las medidas cautelares otorgadas en favor de Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa y otro en Ecuador”, dice la misiva, al tiempo de solicitar al gobierno “tenga a bien informar las acciones adelantadas para implementar las presentes medidas cautelares dentro del término de 10 días”.
En declaraciones a The Associated Press, Villavicencio afirmó que “esto lo que hace es suspender cualquier acción judicial del Estado, ese debe ser el efecto. A quien le corresponde acatar las medidas cautelares es al presidente de la Corte Nacional de Justicia”. Añadió que “la CIDH ha analizado a profundidad y con seriedad el nivel de vulnerabilidad en que nos encontramos frente a la decisión del presidente Correa de enjuiciarnos”. El año 2014 el gobierno de Ecuador no acató un llamado similar de la comisión emitido en favor de los tres opositores.
Esta semana la fiscalía de Ecuador pidió orden de prisión para el periodista Fernando Villavicencio y para el ex asambleísta por el partido indígena Pachakutik, Cléver Jiménez, a quienes acusó de presunta irrupción en los correos del presidente Correa y otro funcionario.
Jiménez, en su cuenta de Twitter había dicho: “Increíble, gobierno ecuatoriano pretende encarcelarnos por supuesto hackeo, mientras protege a Julian Assange, el mejor hacker del mundo”.
El caso se remonta a 2013, cuando ambos imputados, Jiménez en su calidad de asambleísta del partido Pachakutik, y Villavicencio, asesor parlamentario, afirmaron que tenían correos de Correa y del secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, en torno al caso del multimillonario juicio por contaminación contra la petrolera Chevron. Tal delito es castigado en Ecuador hasta con seis años de prisión.
El gobierno de Correa respondió además a unas declaraciones del ex secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, quien alertó el jueves que en Ecuador “la democracia sustantiva” está “debilitada”. La cancillería ecuatoriana estimó que los dichos de Álvarez Icaza demuestran su acomodo al poder establecido y que desde esa perspectiva dirigió al organismo para favorecer sus intereses políticos y expectativas personales.
