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San Diego.— Un “número incalculable” de veteranos elegibles para recibir la ciudadanía estadounidense por sus servicios militares ha sido deportado por falta de asistencia del gobierno federal, denunció ayer un reporte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
“Casi todos ellos eran elegibles para naturalización, pero fueron engañados para creer que el servicio los hacía ciudadanos o simplemente lo creyeron porque tomaron un juramento que se parece mucho al juramento de ciudadanía”, señaló Bardis Vakili, abogado de ACLU en California.
El reporte señala que a su regreso, tras cumplir servicio, muchos de esos veteranos fueron sometidos a “leyes draconianas de inmigración que clasificó varios delitos menores como crímenes objetos de deportación”.
Como consecuencia muchos ex combatientes, que se sumaron al ejercito por patriotismo o por escapar de una mala vida, se han visto imposibilitados de recibir atención médica a la cual tienen derecho como miembros de las fuerzas armadas y pese a su estatus migratorio. “Los hemos abandonado en muchas formas”, lamentó Vakili.
No sólo eso. El abogado advirtió que muchos de los ex combatientes que han sido deportados a México y Centroamérica corren el riesgo de ser reclutados por organizaciones criminales que buscan personal con entrenamiento militar.
El reporte toma como punto de partida a 84 veteranos que tras cumplir servicio y residir por años en el país se hallan en proceso de deportación o ya han sido expulsados del país, muchos por delitos menores. Este viernes en la garita de San Ysidro, en California, un grupo de ex militares deportados solicitará a las autoridades de inmigración un permiso humanitario para poder exponer sus casos en las oficinas de veteranos.
Ordenan liberar menores. Ayer mismo, una corte federal de apelaciones falló que las autoridades de Seguridad Nacional de EU deben poner en libertad rápidamente a los niños inmigrantes que son llevados a centros de detención de familias después que son arrestados por cruzar la frontera sin los documentos necesarios, aunque no así a sus padres, revirtiendo así un dictamen del año pasado por considerar que liberar a los padres junto con los niños alentaría la migración no autorizada.
