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La Justicia argentina detuvo a 21 ex militares y ex policías y a un ex ministro de la provincia de Buenos Aires por una causa que investiga delitos de lesa humanidad en un centro clandestino que funcionó en La Plata en la última dictadura militar (1976-1983), informaron hoy a Efe fuentes judiciales.
Estos arrestos se produjeron en los últimos días y la mayoría de los indagados eran antiguos miembros del Ejército, integrantes del Regimiento 7 y el Destacamiento 101 de Inteligencia de La Plata.
A todos ellos, así como al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires de la época, Jaime Smart, se les atribuye su implicación en la privación ilegal de la libertad de 106 personas y el homicidio de otras seis.
Según la Justicia, la Comisaría Octava de La Plata (capital de provincia ubicada a 56 kilómetros al sudeste de Buenos Aires) funcionaba como "la última instancia" del circuito represivo del régimen, ya que al mismo tiempo que recibía detenidos ilegales cumplía las funciones habituales de una comisaría con detenidos legalmente.
Por este motivo, se sospecha que "esta especie de connivencia" ocultaría la intención de "legalizar" o "blanquear" a aquellos detenidos que habiendo pasado por el circuito de detención se había resuelto que no fueran "ejecutados", sino liberados o "blanqueados" y encarcelados.
Este hecho se repetía de forma habitual, salvo en el caso de los seis homicidios "excepcionales", que no responden al "modus operandi" de los implicados.
Entre los homicidios de detenidos en las dependencias policiales, uno ocurrió "mediante la simulación de un suicidio y los cinco restantes se fraguaron en libertad de las personas", pero en extrañas circunstancias e incluso en el mismo día de su puesta en libertad.
Entre los implicados en la investigación solo cuatro personas no tenían ningún procesamiento anterior, pues los restantes se encuentran acusados o privados de su libertad por causas similares.
En el caso del exministro Smart está vinculado a otras causas por acusaciones similares y cuenta con condenas por su rol en la intervención de las fuerzas de seguridad durante el régimen.
Fuentes judiciales aseguraron a Efe que se encuentran "en ciernes de un pronunciamiento inminente" para resolver la situación procesal y determinar si la acusación está en lo cierto y se avanza hacia el juicio oral, si continúan con las indagaciones o se procede al sobreseimiento definitivo de los implicados.
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