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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afrenta la peor crisis financiera de su historia en medio de críticas de algunos países de la Organización de Estados Americanos (OEA), de quien depende su supervivencia.
La CIDH, el último recurso de miles de personas en América para obtener justicia y protección, tendrá que despedir a 40% de su personal y suspender labores clave si no recibe antes del 15 de junio los alrededor de 2 millones de dólares que le faltan este año para poder cumplir con sus funciones.
La plana mayor de la CIDH y sus 78 trabajadores, en una movilización sin precedentes, pidieron esta semana a los 34 Estados miembros de la OEA que asuman su responsabilidad con la defensa de los derechos humanos. El organismo ha sobrevivido gracias a fondos voluntarios de países europeos.
La Unión Europea y sus socios se han visto obligados a cortar o reducir sus donaciones al sistema interamericano de derechos humanos para centrar sus recursos en una crisis que les es más próxima: la llegada de millones de refugiados.
Como señaló el secretario general de la OEA, Luis Almagro, es difícil justificar ante Europa la demanda de ayuda. “No hemos tenido la ética para financiar nuestro propio sistema de derechos humanos”, denunció.
El excanciller uruguayo subrayó la paradoja de que en 2015 los países latinoamericanos y caribeños dieran 200 mil dólares de aportación voluntaria a la Comisión, con 6 mil 188 casos americanos, mientras que a la Corte Penal Internacional (con sede en La Haya, Países Bajos) dieron 13.7 millones de dólares. Los responsables de la CIDH tienen claro cuál es la causa de estas anomalías: la Comisión se ha convertido en un elemento incómodo para los Estados miembros porque ha señalado a casi todos por violaciones de los derechos humanos.
