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Una decisión judicial para exhumar, por primera vez, los restos de víctimas de la guerra civil española que descansan en el Valle de los Caídos, donde el dictador Francisco Franco está sepultado, reavivó el debate de si el sitio conmemorativo debe perturbarse.
En el fallo, un juez en el pueblo de San Lorenzo de El Escorial, cerca de donde se ubica el mausoleo, dio permiso a familiares de buscar los cuerpos de Manuel y Ramiro Lapena Altabas "para ofrecerles un entierro adecuado".
Los hermanos, un veterinario y un herrero, fueron miembros fundadores del sindicato anarquista CNT. Las fuerzas de Franco los ejecutaron sin juicio en los primeros días de la guerra civil que duró entre 1936 y 1939, y fueron enterrados en una fosa común en su pueblo natal Calatayud en el noroeste.
En 1959, el gobierno franquista ordenó que los restos de miles de fallecidos en la guerra fueran llevados al Valle de los Caídos, que había mandado construir como un monumento a quienes murieron en la guerra y en donde él después fue enterrado.
En el sitio reposan los restos de unas 34 mil personas de ambos bandos y muchos presos políticos fueron utilizados para construirlo. En él hay una cruz de piedra de 150 metros que se ve a gran distancia. Está ubicado a unos 45 kilómetros al noreste de Madrid.
Es el símbolo franquista más fuerte y preciado de la derecha española y un lugar que insisten no debe perturbarse. Otros lo detestan y lo consideran un recordatorio del pasado dictatorial de España.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica recibió con gusto la noticia del martes y dijo que abriría las puertas para los familiares de otros desaparecidos en la guerra para buscar justicia.
La decisión probablemente atraiga más demandas, pero el problema es que la lista de personas enterradas en el Valle no es pública, dijo Emilio Silva, cuya asociación trabaja desde finales de la década de los 1990 para ayudar a que españoles ubiquen tumbas de unas 115 mil personas aún desaparecidas.
jlcg
