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El domingo pasado, en Brasilia, los diputados sesionaron entre bullas, gritos, escupitajos, empujones, discursos largos, palabras terribles y emocionantes y, finalmente, risa y llanto.
La Cámara de Diputados aprobó el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff con 367 votos a favor (25 más de los votos necesarios), 137 en contra, siete abstenciones y dos ausencias, y la tensa votación fue seguida por miles de ciudadanos que se reunieron frente a pantallas instaladas en la avenida Paulista de Sao Paulo, Copacabana en Río de Janeiro y otros puntos nodales del país. “No seré derrotada, no me paralizarán”, dijo Dilma tras la votación. “Tengo la fuerza, el espíritu y el valor. Seguiré peleando y pelearé como he hecho toda mi vida. Se usa la apariencia de un proceso democrático para practicar un crimen abominable: condenar a un inocente”, añadió.
Ayer, insistió en que el país está bajo la amenaza de un “golpe” que sembrará desestabilización, al tiempo que el Senado abría el trámite para definir si responderá a un juicio que le puede costar el cargo. El informe de los diputados fue leído en la Cámara Alta, lo que abrió un periodo de 48 horas para que los partidos representados allí designen a los 21 miembros de una comisión especial que analizará las denuncias.
Esa comisión, que puede ser instalada el próximo 26 de abril, debatirá el asunto durante 10 sesiones y elaborará un informe que será discutido por el pleno del Senado, previsiblemente en mayo. Si aprueba —se requiere mayoría simple, o 41 votos— iniciar el juicio político, Dilma será apartada de su cargo durante 180 días, mientras la Cámara Alta lleva a cabo el proceso y define si la mandataria debe ser destituida.
En ese lapso, quedaría a cargo del Ejecutivo Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quien ayer aseguró que esperará “en silencio” la decisión del Senado sobre la apertura del juicio. Dilma lo acusa de “conspirador”.
A decir del analista político Henrique Carneiro, ex miembro del Partido Socialismo y Libertad, “el impeachment es un acto desprovisto de fundamento político, porque no se basa en acusaciones de corrupción, sino en los llamados ‘pedaleos fiscales’, que son un recurso común usado por otros mandatarios y por los que también su vice es responsable”. Dilma está acusada de manipular las cuentas públicas a su favor, presuntamente para ocultar el déficit de 2014 y tiene una impopularidad de 61%. A la vez, el Tribunal Superior Electoral está investigando si el financiamiento de la campaña electoral de Dilma y Temer en 2014 está relacionado con el escándalo de Petrobras. De comprobarse, el gobierno pasaría a manos del presidente de la Cámara Baja, el archienemigo de Dilma, Eduardo Cunha, acusado, a su vez, de un delito de corrupción.
Para Carneiro, la destitución “no es legítima y menos todavía, la posible asunción del vice Temer. Solamente unas elecciones generales anticipadas podrían darle a la población alguna forma de intervención en este proceso”.
Con información de agencias
