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La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, volvió a negar las acusaciones en su contra y dijo que es “víctima de una gran injusticia”, al comentar la decisión de la Cámara de Diputados que la pone más cerca de un proceso que busca destituirla. La mandataria admitió estar “triste”, pero no “abatida”. Dijo que enfrentará “el golpe de Estado con decisión” y que ha quedado frente a una “situación que sólo puede provocar una inmensa sensación de injusticia y de que hay en Brasil una violencia contra la democracia y el Estado de derecho”.
En una rueda de prensa un día después de que la Cámara Baja votara en favor de enjuiciarla, insistió en que las maniobras contables que sustentan la acusación no suponen una ilegalidad y tampoco un “delito de responsabilidad”, como la Constitución define las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario. “Practiqué esos actos, que son realizados por todo presidente”, indicó.
Apuntó que con otras personas esas maniobras “fueron consideradas legales” e insistió en que siente que a ella le “reservan un tratamiento que no se le brindó a nadie”.
También consideró “interesante” que no existe en su contra “ninguna acusación de desvío de dinero, de enriquecimiento ilícito o de ocultar cuentas en el exterior”, que sí pesan contra quienes la juzgan, en alusión al presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, quien entregó ayer al titular del Senado, Renan Calheiros, el proceso de juicio político contra la presidenta.
Rousseff recordó que en su juventud enfrentó por “convicción” a una dictadura y afirmó que ahora, en su madurez, enfrentará de la misma forma “un golpe de Estado”.
Aseguró también que, una vez que el proceso con vistas a un posible juicio político se inicie en el Senado, confía en que tendrá la “oportunidad” de defenderse y demostrar que, en su caso, “se usa la apariencia de un proceso democrático para practicar un abominable crimen, como es condenar a un inocente”. Asimismo, afirmó que no considera la opción de convocar a nuevas elecciones presidenciales.
La economía, en vilo. El probable juicio contra Rousseff no sería seguido por un inmediato repunte en la confianza empresarial o ganancias en la moneda brasileña, mostró ayer un sondeo de Reuters.
El vicepresidente Michel Temer, quien completaría el periodo de Rousseff hasta 2018 si la mandataria es impugnada, probablemente gobernará durante una época de un alto desempleo crónico y déficit presupuestario, proyectó la encuesta.
Además, no tendría el respaldo político para aprobar importantes reformas en el Congreso; sin embargo, cuenta con medidas alternativas para reimpulsar a la deprimida economía brasileña, aseguraron expertos.
“Las cosas en Brasil son mucho más problemáticas de lo que parecen”, afirmó Pedro Tuesta, economista sénior para América Latina. “Un cambio de gobierno es una condición necesaria, pero no es suficiente”, dijo.
Veinte analistas de los principales bancos y firmas de investigación participaron en el sondeo. La mitad de ellos esperan que la confianza empresarial repunte en el cuarto trimestre del año. El desempleo, que creció rápidamente mientras Brasil cayó en una profunda recesión, comenzará a bajar recién en 2018 o después, según el sondeo.
Los resultados de la encuesta contrastan con el optimismo del mercado a inicios de año cuando la impugnación ganaba impulso. La moneda brasileña, el real, se debilitaría a 3.73 unidades por dólar hacia finales de 2016 tras avanzar alrededor de 10% este año. Economistas dijeron que Temer probablemente comenzaría su gobierno recortando gastos y reduciendo los créditos subsidiados por los bancos públicos. Bajo el complicado proceso del juicio político, podrían pasar hasta 10 días para que el Senado vote y un mínimo de 40 días para que se decida la suerte de Rousseff.
Mientras tanto, el legislador del Partido de los Trabajadores (PT) José Guimaraes, líder del gobierno en la Cámara Baja, figuró entre los aliados que se reunieron ayer con Rousseff. “Es impresionante lo animada que está”, declaró Guimaraes.
