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Sao Paulo.— “No debo y no temo”. Así reaccionó el ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, luego del espectacular operativo mediante el cual fue detenido y trasladado a una sede policial, donde durante más de tres horas fue interrogado sobre su relación con la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras.
La policía se presentó temprano en el domicilio de Da Silva, a las afueras de Sao Paulo, y lo detuvo. Los efectivos allanaron el lugar, además de la sede del Instituto Lula, una organización sin ánimo de lucro que él preside, y otras propiedades, incluyendo la de uno de sus hijos y otras que pese a estar a nombre de amigos de Lula, la policía sospecha pertenecen al ex mandatario. En la operación, denominada Aletheia, que en griego significa “búsqueda de la verdad”, participaron unos 200 policías y 30 auditores de Hacienda.
Silva, quien gobernó al país entre 2003 y 2010, y no descartaba presentarse nuevamente como candidato en 2018, fue trasladado a la sede de la Policía Federal en el aeropuerto paulista de Congonhas bajo la figura de “conducción coercitiva”, que lo obligaba a responder a las preguntas que se le hicieran.
“Nadie está exento de ser investigado en este país”, dijo el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima.
Una vez liberado, Lula se dirigió a la sede de su Partido de los Trabajadores (PT), donde habló con la prensa. Dijo estar “íntimamente afligido, ofendido y ultrajado” por la forma en que fue tratado. “El país se merecía un poco más de respeto”, declaró, tras lo cual aseguró que se sintió como un “prisionero político” y que no bajará la cabeza porque “no debo y no temo”.
El ex presidente insistió en que el objetivo de la operación policial fue ofrecer un “espectáculo” a los medios, puesto que él “jamás” se negó a prestar declaración. Junto con Lula fueron conducidos a declarar su hijo Fabio Luiz, el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto, y otras personas. Por la tarde, una juez del Tribunal Supremo rechazó suspender la investigación.
Dos Santos detalló que los indicios contra el ex presidente son “bastante significativos”. Según el fiscal, el Instituto Lula recibió cerca de 20 millones de reales (unos 5 millones de dólares) en donaciones de las cinco empresas más implicadas en los desvíos en Petrobras, incluyendo Camargo Correa, Odebrecht y Andrade Gutierrez (las mayores constructoras y contratistas de obras públicas de Brasil). Agregó que el ex jefe de Estado recibió de esas cinco compañías unos 2.5 millones de dólares por conferencias que dictó.
De acuerdo con la fiscalía, del total de recursos recibidos por el Instituto Lula en los últimos años, 60% provino de esos negocios, que también fueron responsables de 47% de los recursos que el ex gobernante recibió por dar conferencias desde que fue sucedido por Dilma Rousseff en 2011. “Tenemos que investigar si eso tiene relación con los desvíos de Petrobras”, dijo el fiscal. En un comunicado, subrayó que “además de líder partidario, [Lula] era el responsable final por la decisión de quiénes serían los directores de Petrobras y fue el principal beneficiario de los delitos”.
Dos Santos dijo que existen indicios de que Lula recibió regalos, inmuebles y otras “ventajas” por parte de las mayores constructoras del país, incluyendo renovaciones y obras millonarias efectuadas en una casa de campo y un departamento frente a la playa que Silva y su familia frecuentan, aunque están a nombre de amigos suyos. Estos inmuebles fueron registrados ayer, aunque la policía habló de la posibilidad de que allegados a Lula hayan destruido posibles pruebas, una versión que negó el abogado del ex mandatario.
El caso en el que está implicado Lula, otros jefes de Estado, líderes del PT y de otros partidos, así como empresarios, algunos de los cuales están en prisión, y que salpica a la presidenta Dilma Rousseff, se remonta a julio de 2013, cuando la policía descubrió una red de lavado de dinero que operaba en Brasilia y Sao Paulo. En marzo de 2014, se abrió la investigación conocida como Lava Jato (Lavado de Autos), denominada así debido a que las operaciones de lavado se hacían en lavanderías y gasolineras, entre otros. El juez Sergio Moro, responsable del caso, descubrió que el dinero blanqueado provenía de desvíos de Petrobras. La petrolera asegura que los desvíos sumaron en 10 años unos 2 mil millones de dólares, pero la fiscalía cree que la cifra es mucho mayor.
Según los peritos, una veintena de empresas se repartían los contratos de Petrobras, a cambio de dinero que, según la fiscalía, benefició a políticos, entre ellos los ex mandatarios Fernando Hen-
rique Cardoso y Fernando Collor de Melo, y sirvió para financiar campañas electorales, incluyendo la de Dilma, de quien la prensa brasileña, citando como fuente al parlamentario Delcídio Amaral, uno de los delatores en el caso, aseguró que sabía, igual que Lula, de todas las corruptelas y actuó con éste para frenar las investigaciones.
Rousseff, quien enfrenta un proceso de destitución iniciado a fines de 2015, calificó de “innecesaria” la operación contra su mentor y exigió “respeto” a los derechos individuales y “responsabilidad” a las instituciones. Sus pares de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Nicolás Maduro, expresaron su solidaridad a Lula. En contraste, la ONG Transparencia Internacional (TI) señaló que las investigaciones sobre Lula demuestran que no hay políticos “demasiado poderosos o intocables”.
El operativo de ayer desató en Brasil enfrentamientos entre simpatizantes y detractores de Lula y causó una corriente alcista en los mercados. La bolsa de Sao Paulo se apreció 4.01% y el real subió 3.64% frente al dólar. De acuerdo con Rafael Figueiredo, analista de la corredora Clear Investimentos, los inversores apuestan por un cambio de gobierno debido al descontento con la política económica emprendida por Rousseff.
