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El ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, nombrado ministro de la Casa Civil por la presidenta Dilma Rousseff, pero impedido de asumir el cargo por decisión judicial, aseguró hoy que se integrará al equipo de gobierno.
En un acto celebrado en Sao Paulo ante organizaciones sindicales, Lula dijo que esperará “pacientemente” a que el Supremo Tribunal Federal (STF) dicte si puede o no asumir la Casa Civil, una decisión que adoptará la próxima semana la máxima instancia judicial del país.
“Se engañan los que creen que sólo puedo ayudar a Dilma si soy ministro”, dijo el exgobernante, en una declaración que fue interpretada de que podría asumir un cargo que no implique fuero privilegiado.
La oposición, la prensa brasileña y sectores de la sociedad acusan a Rousseff de haber dado un cargo a Lula el pasado 17 de marzo para otorgarle fuero privilegiado e impedir un eventual proceso ante un tribunal de primera instancia por su supuesta implicación en el caso de corrupción en Petrobras.
El ex sindicalista, de 70 años y considerado el “padre” de las políticas para sacar de la pobreza a 30 millones de personas, criticó los intentos del Legislativo de celebrar un juicio político contra Rousseff, una iniciativa que tildó de golpista.
También vinculó la operación Lava Jato, dirigida por el juez Sergio Moro contra la red de corrupción vinculada al escándalo de Petrobras, con el aumento del desempleo.
“La operación Lava Jato es una necesidad para el país. Pero quiero que pregunten al juez Moro para saber si se está discutiendo cuál fue el prejuicio económico que la operación (...) creó para la economía brasileña, para saber si no es posible luchar contra la corrupción sin cerrar las empresas y sin crear desempleo”, señaló.
“Cuando todo termine puede haber mucha gente encarcelada, pero también mucha gente sin empleo”, aseguró Lula.
El expresidente está en el centro de la crisis política que vive Brasil por los alcances de la Operación Lava Jato y por la falta de apoyo legislativo a Rousseff.
Rousseff asegura que tiene el apoyo necesario de más de un tercio de los diputados y más de la mitad del Senado para bloquear el pedido de la oposición de apartarla de la presidencia.
La oposición impulsa el juicio político a Rousseff por un supuesto crimen de responsabilidad vinculado al uso de artimañas contables usando los bancos públicos para cuadrar las cuentas públicas en 2014.
