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Un juez de Guatemala resolvió hoy procesar a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y a otras 14 personas acusadas de participar en un fraude millonario para limpiar un lago con un producto milagroso que resultó ser "agua con sal".
El juez Arnoldo Orellana, del Juzgado de Villa Nueva, determinó que había indicios suficientes para ligar a proceso a Baldetti por los delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita y fraude.
Según la investigación, la exvicepresidenta (2012-2015) usó su poder político cuando ejercía el cargo para otorgar la concesión de un contrato para la limpieza del Lago Amatitlán por valor de 137,8 millones de quetzales (17,96 millones de dólares) a la empresa israelí M. Tarcic Engineering LTD.
El hermano de Baldetti, Mario, también procesado por los mismos delitos, ejerció supuestamente de intermediario entre la empresa y el Estado, y fue quien coordinó todas las acciones para realizar esta operación fraudulenta, de la que daba cuentas a la exvicepresidente a menudo a través de varios informes con el alias "la mera, mera", como prueban los correos electrónicos.
Entre las otras 13 personas implicadas en el caso está el excomisionado presidencial del Agua Pablo Roberto González Córdova, procesado por los mismos delitos, y que según la fiscalía hizo creer que el proyecto para limpiar el Lago de Amatitlán, propuesto por una empresa israelí, era la única solución.
El objetivo de esta estructura, según la investigación, era lograr a través de la creación de esta empresa la licitación por parte del Estado de Guatemala para "obtener un beneficio económico".
La famosa solución para limpiar la cuenca, según un informe circunstanciado de la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente hecho público el pasado mes de mayo, era "agua con
La convocatoria pública para adjudicar el servicio fue publicada en Guatecompras (portal de adjudicaciones del Estado) con solo un día de margen para presentar toda la documentación, lo que lleva a la Fiscalía a concluir que ya estaba otorgado de antemano.
A través de varios testaferros, la empresa distribuyó parte de 22 millones de quetzales (2,97 millones de dólares) entre los funcionarios involucrados en la trama, incluido el director de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (Amsa), Edwin Ramos, y responsables del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Los otros doce acusados serán procesados por diferentes delitos, como fraude, cohecho pasivo, incumplimiento de deberes, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
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