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A tres meses de la masacre en París, Europa no sólo sigue siendo vulnerable al terrorismo, está respondiendo a la amenaza del Estado Islámico (EI) con medidas que podrían poner en peligro la calidad democrática de las sociedades a las que se quiere proteger.
“Estamos cayendo exactamente en la trampa de los terroristas, quienes desprecian nuestra libertad y buscan con sus acciones provocar en nuestra sociedad un rompimiento del equilibrio entre la seguridad y el derecho”, asegura a EL UNIVERSAL Clémence Bectarte, experta en temas legales de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
“En Europa hay una instrumentalización política del miedo desencadenado por el terrorismo y se está traduciendo en serias violaciones a los derechos humanos y en el surgimiento de tendencias preocupantes, alimentadas por la crisis económica y de refugiados”, dice.
Por ejemplo, el gobierno conservador de Dinamarca impulsó una ley para confiscar objetos de valor de los inmigrantes para financiar su acogida, mientras que la generosa Suecia promueve una normativa para ejecutar deportaciones masivas y así evitar que el yihadismo contamine su población de 430 mil musulmanes.
Alemania ha torpedeado uno de los mayores logros del proyecto de integración europea, el espacio de libre circulación de personas conocido como Schengen, blindado sus fronteras para parar el éxodo migratorio y evitar que se filtre un terrorista usando pasaporte sirio; en tanto Bélgica, centro de planeación de los ataques de París, continúa con sus redadas en barrios desfavorecidos en busca terroristas fugitivos como Salah Abdeslam. “El enfoque restrictivo de las libertades es una tendencia generalizada en Europa, pero es especialmente simbólico que esté teniendo lugar en Francia, el país de los derechos humanos”, afirma Bectarte.
El presidente francés, François Hollande, respondió al ataque de Daesh (acrónimo en árabe del EI), que mató a 130 personas en París, el 13 de noviembre, acudiendo al Congreso para declarar estado de emergencia y formular una serie de reformas de seguridad sin precedentes en la historia europea con el objetivo de prevenir nuevos atentados.
De acuerdo con el borrador de ley presentado por el primer ministro, Manuel Valls, y el ministro de Interior, Bernard Cazeneuve, en una reunión del gabinete celebrada el miércoles pasado, la propuesta que está siendo debatida en el Parlamento para extender la emergencia por un periodo de hasta cuatro meses, renovable, con la intención de consolidar el trabajo realizado desde el 14 de noviembre para combatir el terrorismo.
El objetivo del gobierno de Hollande
“La protección eficaz de los franceses no pueden descansar en el mediano plazo y en el uso de medidas que respondan sólo a circunstancias excepcionales. Por eso, el gobierno tiene la intención de fortalecer las capacidades de las autoridades judiciales y administrativas para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado”, sostiene el documento.
El texto difundido por la oficina del Elíseo niega las acusaciones sobre violaciones de derechos humanos. Sostiene que todas las medidas, incluyendo las de arresto domiciliario, se han implementado bajo control de la justicia administrativa y bajo el control del Parlamento y afirma que seguirá siendo el caso en los próximos meses.
Sostiene que el haber otorgado poderes al gobierno en su declaración de guerra contra el EI ha tenido resultados: desde el pasado 14 de noviembre se han realizado 3 mil 289 registros, incautando 560 armas, 42 de ellas de uso militar. También fueron detenidas 341 personas y se abrieron 571 procesos judiciales. Además se impusieron 407 arrestos domiciliarios, de los cuales 303 se encuentran todavía en vigor. También fueron cerradas mezquitas y centros radicales. “El trabajo no se ha completado (…) la amenaza terrorista se mantiene en un nivel muy alto”.
Hollande pretende volver al Congreso para pedir una prórroga más allá del 26 de febrero, fecha en que en principio expiraría este dispositivo que concentra el poder en el Ejecutivo, refuerza las competencias de la policía y permite, entre otras cosas, registros domiciliarios sin orden judicial previa, asignar residencia forzada a los sospechosos y la prohibición de manifestaciones en el espacio público.
La voz de Amnistía Internacional
En un informe titulado “Francia, impacto del estado de emergencia”, Amnistía Internacional (AI) sostiene que el resultado de lo que describe como medidas discriminatorias y desproporcionadas han sido 3 mil 210 cateos, el arresto domiciliario de 400 personas y el cierre de 12 lugares de culto, además de decenas de familias “traumatizadas” y “estigmatizadas”.
“La retirada de la nacionalidad no es deseable y su eficacia es ridícula”, sostuvo la progresista Christiane Taubira, quien dimitió el pasado 27 de enero como ministra de Justicia en desacuerdo con la intención de reformar la Constitución para materializar el proyecto antiterrorista de Hollande que incluye el retiro de la nacionalidad francesa a quienes sean condenados por terrorismo [sólo aquellos que tengan doble nacionalidad].
“Resistir es irse, por fidelidad a uno mismo”, justificó la antigua diputada de la Guyana en un mensaje en Twitter que confirmó el giro al centro del Ejecutivo socialista y la falta de unión dentro del partido en torno a la reforma.
Los expertos en seguridad reconocen que tras los ataques del 11 de noviembre, Francia necesitaba responder con firmeza para rearmar al Estado y combatir un terrorismo silencioso.
“Los terroristas han cambiado de estrategia, antes había una explicación sobre la elección del blanco. Desde París enfrentamos un terror ciego, cuyo propósito es generar en la población un sentimiento de estado permanente de miedo”, sostiene en entrevista Brice De Ruyver, director del Instituto Internacional de Investigación sobre Política Criminal de la Universidad de Gante.
“Estamos enfrentando a terroristas muy creativos, la semana pasada emitieron amenazas contra escuelas, causando el cierre en varios países. Están cambiando constantemente su estrategia y sus tácticas, esto nos distrae, nos inquieta y nos hace suponer que hay una amenaza inminente ante la cual debemos estar alerta”, dice por su parte Jaap Timmer, profesor asociado en seguridad pública de la Universidad Libre de Ámsterdam.
No obstante, afirman que el antídoto no puede ser más perjudicial que la enfermedad, por lo que preocupa el estado de emergencia que vive Francia y las medidas antiterroristas invocadas para responder al terror.
“Tenemos que ser extremadamente cuidadosos, porque la riqueza del Estado democrático reposa en el equilibrio entre libertad y un buen nivel de seguridad. Los terroristas quieren desmantelar el imperio de la ley y en el momento en el que se introducen medidas excepcionales se está actuando bajo esa lógica, y eso hay que evitarlo”, indica el profesor en derecho penal De Ruyver.
“No es fácil; después de [los ataques de] París la gente esperaba de sus políticos que fueran duros, que respondieran con medidas radicales y eso es algo que tenían que hacer, pero sólo es justificable si las medidas se mantienen por un periodo breve”, continúa. Jaap Timmer es más preciso y pone plazo: si Francia amplía la emergencia más de seis meses se habrá convertido en un Estado policiaco y habrá ganado Daesh.
“La democracia y la impartición de la ley no deben estar sujetas al estado de emergencia en época de paz, por lo que estamos ante una contradicción. Posiblemente necesitan el tiempo para reorganizar sus leyes, sus servicios de seguridad, pero en un máximo de seis meses deben volver al estado de normalidad, porque de lo contrarios la tendencia sería hacia un Estado policiaco, y eso es algo que debemos evitar en Europa, porque estaríamos cediendo ante los terroristas”, afirma Timmer.
El pacto de seguridad invocado por Hollande para mejorar las respuestas contra el terror puede marcar el camino en Europa, pues las medidas de largo plazo propuestas por Hollande tendrán gran trascendencia, al incluir asuntos tan delicados como la retirada de la nacionalidad a quien se involucre en actos terroristas, la disolución de asociaciones que inciten al odio y el control de sospechosos con dispositivos electrónicos.
Por lo pronto, la batería de medidas promovida por el régimen galo no convence a los investigadores.
De Ruyver afirma que 90% de lo que se puede hacer contra el terrorismo está en el ámbito de la prevención, en atender las causas de la radicalización, como es el desempleo, la exclusión y la falta de educación. En el ámbito policiaco, Timmer sugiere seguir el modelo holandés de policía ciudadana, el cual ha permitido acercarse a frustradas y decepcionadas comunidades étnicas, potenciales semilleros para la yihad.
