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La boliviana Gabriela Zapata, ex pareja del presidente Evo Morales, fue enviada ayer a prisión acusada de supuesto enriquecimiento ilícito, en medio de una polémica por las dudas acerca de la existencia de un hijo de ambos.
En una audiencia cautelar, la juez Margot Pérez dispuso la detención preventiva de la empresaria en la cárcel de mujeres de Obrajes, en La Paz, informó el fiscal Edwin Blanco, a cargo de la investigación, según un comunicado del Ministerio Público.
Zapata es investigada por los supuestos delitos de “legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad”.
En la audiencia, la Fiscalía alegó que se ha evidenciado una actividad económica sospechosa superior a los 10 mil dólares en cuentas bancarias de la mujer.
Añadió que se demostró que Zapata utilizaba los ambientes de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia para reuniones personales con empresarios extranjeros en complicidad con dos funcionarios de esa oficina gubernamental que también son investigados.
Por esas razones y ante algunas evidencias de su posible fuga, la Fiscalía pidió la detención preventiva de la mujer.
La decisión judicial se produjo en medio de una polémica sobre la existencia del hijo que el presidente Morales y Zapata tuvieron en 2007 y de quien se dijo que había fallecido.
El caso estalló a principios de mes, cuando el periodista Carlos Valverde reveló que Zapata trabajaba en la empresa china CAMC Engineering (Camce) y denunció un supuesto tráfico de influencias en la adjudicación de millonarios contratos estatales a esa firma.
Morales admitió la relación con Zapata y que tuvieron un hijo, pero aseguró que el menor falleció poco después de nacer.
La polémica resurgió en las últimas horas después de que una tía de Zapata y su abogada afirmaran que el niño está vivo y en buenas condiciones.
“El hijo está perfectamente bien. Nos reservamos la información de dónde vive. Es un derecho muy personal de Zapata, el cual no puedo violentar”, dijo Ángela Burgoa, una de las abogadas de la ex pareja del mandatario, e indicó desconocer si el mandatario “cumplía con la asistencia familiar” correspondiente. “No voy a emitir juicios a priori, respeto lo que haya dicho o haya dejado de decir el presidente. Allá él y su conciencia”, agregó.
