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Madrid.— Iñaki Urdangarin, cuñado del rey Felipe VI, se mostró ayer muy olvidadizo durante el juicio que se sigue en su contra, una macrocausa en la que están imputados varios miembros del gobernante Partido Popular (PP) y en la que se le acusa de prevaricación, malversación, fraude, estafa, blanqueo, tráfico de influencias, falsedad documental y delito fiscal por haberse apropiado de más de 6 millones de euros de empresas públicas y privadas y de gobiernos autonómicos, aprovechándose de su condición de yerno del rey y ex jefe del Estado, Juan Carlos.
En tres ocasiones, al ser cuestionado por el fiscal Pedro Horrach, dijo no acordarse de lo ocurrido, varias veces contestó con evasivas y dos veces la magistrada le pidió que hablara más alto, puesto que utilizó un tono de voz que era imposible escuchar en toda la sala.
Durante sus más de tres horas de declaración y en presencia de su esposa, negó haber usado las empresas que creó con ella: el Instituto Nóos (una organización sin ánimo de lucro) y Aizoon como medio para enriquecerse obteniendo fondos públicos a cambio de trabajos ficticios, ni haber obtenido comisiones. “De ningún modo se trataba de un peaje, de una comisión; nunca he sido un comisionista, no me he encargado nunca de esto en absoluto”, respondió irritado.
Reconoció que en su empresa Aizoon se contrató a empleados ficticios, pero dijo que se enteró de ello durante el juicio y que se había quedado “sorprendido”. Aclaró que él no se encargaba de esos contratos y que la persona que lo hacía era Miguel Tejeiro, cuñado de su ex socio Diego Torres, asesor fiscal y secretario del instituto. “Yo me dedicaba a lo que me dedicaba”, alegó.
Tejeiro reconoció hace unos días que Aizoon defraudó a la Seguridad Social, al Instituto de Empleo y a Hacienda mediante el uso de numerosos empleados ficticios, incluyendo tres sobrinos de Urdangarin y varios empleados domésticos del matrimonio para justificar los ingresos que de forma irregular obtuvo la sociedad pantalla.
El fiscal pide para Urdangarin 19 años de prisión y ocho años para su esposa —acusada de dos delitos fiscales—. Los dos han sido apartados de la Casa Real, aunque ella no ha renunciado a sus derechos dinásticos.
