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El precandidato presidencial republicano Ted Cruz, quien triunfó en la asamblea electoral de Iowa la noche del lunes, ha mantenido a lo largo de su vida política una relación antagónica en asuntos concernientes a México y a los mexicanos.
Cruz era un joven abogado de 35 años que trabajaba para la Oficina del Procurador de Texas, cuando en 2005 protagonizó su primera pugna con México, al combatir con éxito las apelaciones del mexicano José Ernesto Medellín para la revisión de su sentencia a muerte por el homicidio de dos adolescentes, en Houston, en 1993.
Medellín era uno de los 51 mexicanos amparados bajo el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que en 2004 ordenó a Estados Unidos revisar sus casos, ya que en sus detenciones y juicios se les violaron sus garantías al no informarles de su derecho a recibir asistencia consular de su país.
Tras el fallo de la CIJ, el entonces presidente George W. Bush pidió en febrero de 2005 a los gobiernos de las entidades estadunidenses con mexicanos condenados a muerte, celebrar audiencias para revisar cada uno de los 51 casos incluidos en el fallo.
Cruz, representando a Texas, encabezó la oposición a dicha revisión, al argumentar que la petición del presidente Bush “excedía los límites constitucionales de la autoridad federal”.
El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que en marzo de 2008 determinó que Texas no estaba obligado a acatar la orden de Bush para revisar los procesos de mexicanos condenados a muerte. Medellín fue ejecutado por Texas el 5 de agosto de 2008.
Cruz ha hecho en reiteradas ocasiones referencias a su participación en este caso, señalando que ha sido el logro del que se sentía mas orgulloso.
“Fue, por mucho, el mayor caso de mi trabajo” en la Oficina del Procurador de Texas, dijo Cruz en 2012 durante su campaña para el Senado de Estados Unidos.
De hecho, el entonces candidato a senador grabó un comercial de televisión para su campaña en el que se jactaba de haber luchado con éxito para lograr la ejecución de Medellín, pese a la oposición de la CIJ y de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“Cuando Naciones Unidas y la Corte Internacional se opusieron a la decisión de un jurado de Texas de ejecutar a un inmigrante indocumentado por violar y asesinar a dos adolescentes, Ted Cruz luchó con todo hasta la Suprema Corte y cumplió”, señalaba el mensaje.
Cruz sorprendió a muchos en 2012 al anunciar sus aspiraciones al Senado de Estados Unidos y disputar la candidatura al entonces vicegobernador de Texas, David Dewhurst.
Al principio, parecía que Cruz estaba destinado a ser un candidato perdedor, ante la trayectoria y el reconocimiento de Dewhurst.
Sin embargo, su conservadurismo le valió el apoyo de las principales figuras del Partido del Te, el ala más conservadora del Partido Republicano, como Sarah Palin y Rand Paul, quien hizo campaña por él.
Cruz quedó en segundo lugar en la primera ronda de votación, pero en agosto de 2012 ganó fácilmente la segunda vuelta de la elección interna estatal republicana para obtener la candidatura al Senado y competir para su primer cargo de elección popular.
Pocos meses después, en los comicios generales de noviembre de 2012, Cruz se convirtió en el primer hispano en ser electo en Texas al Senado de Estados Unidos.
A su llegada al Senado, Cruz se distinguió por liderar la oposición contra varias de las principales políticas del presidente Barack Obama, rechazando negociar con los demócratas hasta bloquear acuerdos para el presupuesto y provocar la paralización temporal de las funciones del gobierno federal.
El político ha sido además un férreo opositor a la Ley de Salud Asequible del presidente Obama y ha combatido los esfuerzos por que se apruebe una reforma a las leyes migratorias.
En mayo de 2013, durante sus primeros meses como senador, Cruz presentó cinco enmiendas a una iniciativa de reforma migratoria bipartidista elaborada por “La Banda de los Ocho”, conformada por cuatro senadores republicanos y cuatro demócratas.
Las enmiendas estaban orientadas a asegurar que los indocumentados no obtuvieran una vía a la ciudadanía, uno de los objetivos de la iniciativa que, aunque fue aprobada por el Senado, no llegó a convertirse en ley.
Antes de cumplir su primer año como senador, el periódico “Houston Chronicle”, el más importante de Texas, publicó un editorial en el que expresó su arrepentimiento de haber apoyado la candidatura de Cruz al opinar que no había estado a la altura de sus expectativas.
Cruz pretende convertirse en el primer presidente hispano de Estados Unidos, pero este republicano conservador de origen cubano se ha distinguido como un férreo opositor a una reforma a las leyes migratorias para legalizar la situación de millones de indocumentados.
El político se ha aliado también a los líderes más conservadores del país, llegando incluso meses atrás a ser uno de los pocos en apoyar a su contendiente por la nominación republicana Donald Trump, cuando éste hizo comentarios despectivos contra los migrantes mexicanos.
Cruz dijo entonces no creer que Trump debería ofrecer disculpas por sus declaraciones, tras manifestar que “el pueblo estadunidense está harto” del problema de la inmigración ilegal en Estados Unidos.
En noviembre pasado, al presentar su plan migratorio, Cruz prometió frenar la inmigración ilegal, aumentar las deportaciones, derogar la ciudadanía por nacimiento y poner un alto a las cuotas de visas para permitir la inmigración legal hasta que mejoren los índices de empleo.
El senador indicó entonces que de llegar a la Casa Blanca “la primera prioridad” será asegurar la frontera entre Estados Unidos y México, construyendo un muro que funcione, que impida los cruces ilegales, apoyado con tecnología y por agentes fronterizos.
México se ha opuesto siempre a la construcción de muros en la frontera, al argumentar que son medidas unilaterales que no contribuyen a fomentar el ánimo de cooperación que debe prevalecer en las relaciones bilaterales.
Cruz planea también triplicar el actual número de agentes de la Patrulla Fronteriza, lo que significaría la contratación de unos 40 mil agentes adicionales.
El senador considera además incrementar la vigilancia aérea de la frontera, con más aeronaves y helicópteros, y desplegar otras tecnologías para ubicar y detener el cruce de indocumentados.
En otra fase, su plan pondría fin a las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama que han dado alivio migratorio a miles de indocumentados, e incrementaría las deportaciones y la política de detener a indocumentados y liberarlos bajo la orden de comparecer ante un juez de inmigración.
Además, ese proyecto vendría a poner fin a las políticas de las ciudades santuario, donde las policías locales no cuestionan el estatus migratorio de las personas y se niegan a colaborar con las autoridades migratorias.
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