El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó ayer la constitucionalidad del decreto del presidente Nicolás Maduro que declara “un estado de emergencia económica” y le otorga por 60 días poderes para enfrentar la crisis económica que agobia a los venezolanos.
Maduro remitió el decreto al Tribunal Supremo para determinar si está ajustado a las leyes y la constitución.
Pero aún está pendiente su aprobación por la Asamblea Nacional, que evaluará esta semana el decreto. Sin embargo, algunos analistas estiman que el camino para su aprobación no será fácil debido a las fuertes críticas de la mayoría opositora que hacen prever nuevos choques entre los poderes en este país sudamericano.
En un comunicado divulgado anoche en Caracas, la Sala Constitucional del máximo tribunal afirmó la constitucionalidad del decreto que “declara el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico”.
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