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Stephen Legomsky, experto en derecho e inmigración de la Universidad de San Louis, consideró difícil de predecir el fallo que la Suprema Corte deberá emitir antes del 30 de junio para validar las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama en el frente migratorio o aceptar los argumentos que ha defendido un juez de Texas para mantener en el limbo a casi 5 millones de indocumentados.
Autor del libro Leyes y políticas de inmigración y de asilo —que es de estudio obligado en más de 180 escuelas de leyes en EU—, Legomsky habló con EL UNIVERSAL sobre las implicaciones de una resolución que, además, podría incidir en el equilibrio de poderes entre el Poder Ejecutivo y el resto de los 50 estados.
¿Cuál es su predicción en este asunto teniendo en cuenta que cinco de los nueve magistrados de la Suprema Cortes son conocidos por su posición conservadora?
—Creo que será una decisión muy dividida. Espero una en la que la posición de los magistrados Anthony Kennedy y John Roberts será crucial. En el caso de Kennedy se sabe que su voto nunca ha sido en automático para los conservadores. Pero, al mismo tiempo, es un conocido defensor de los derechos de los estados. Dependerá de Kennedy la decisión final.
¿Cuál será la línea de tiempo que seguirá este proceso?
—La Corte escuchará los primeros argumentos en abril. A partir de ahí deliberará y podría pronunciarse hacia fines de junio. En caso de que la Suprema Corte le dé la razón al gobierno, la administración tendrá el tiempo suficiente para implementar la expansión de DACA y el inicio de DAPA.
Una de las preguntas que deberá responder la Suprema Corte es si los estados tienen el derecho a demandar al presidente Obama por la forma en que ha implementado sus órdenes ejecutivas.
—Así es. Durante más de 100 años, la Suprema Corte ha considerado de forma consistente que la política de inmigración es responsabilidad exclusiva del gobierno federal, no de los estados, porque se considera que, en lo que toca al tema migratorio, es fundamental que la nación hable con una sola voz. Si no fuera así, cualquier estado podría crearnos enormes problemas con el manejo de su propia política exterior. Por otro lado, no tenemos patrullas fronterizas que vigilen los límites entre cada estado. Siempre ha prevalecido el criterio de que la inmigración es un asunto de carácter federal. Creo que los estados no tienen el poder legal para irrumpir en decisiones federales sobre inmigración.
¿Con esta decisión se puede hablar de la posibilidad de un nuevo equilibrio de poder en el país?
—Es difícil de decir. Pero no cabe duda que tendrá un impacto evidente en el actual contexto político. Los electores latinos se han convertido en un nuevo factor de poder. Aunado a ello, tenemos a los republicanos que han tratado a los hispanos y a otras minorías de forma muy hostil. Por ello, de la decisión de la Suprema Corte dependerá la forma en que se comporten los electores hispanos en las elecciones de noviembre. Si la Suprema Corte le da la razón a Texas, supongo que habrá una reacción muy negativa de la comunidad latina y otras minorías. Pero, si la Corte se pronuncia en el otro sentido, creo que las fuerzas del conservadurismo reaccionarán de forma muy vociferante. En cualquier caso, no cabe duda que la decisión de la Suprema Corte movilizará a las bases de cada partido.
