Un tribunal pidió que Álvaro Uribe sea investigado por sus presuntos nexos con grupos armados de ultraderecha cuando se desempeñaba como gobernador del departamento de Antioquia y luego como presidente de Colombia.
Una sala del Tribunal Superior del Distrito de la ciudad de Medellín dijo que se "ratificará la orden de expedir copias para investigarlo por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y convivir... con éstos y/o concertarse con ellos, no sólo como gobernador de Antioquia (1995-1997) sino después y aún como presidente de la república" entre 2002 y 2010, se lee en el documento judicial de 786 páginas publicado por la emisora local La FM.
El pedido está incluido en el fallo que condenó a un grupo de paramilitares desmovilizados que operó en Medellín y en algunos sectores de Antioquia y lleva la firma del juez Rubén Darío Pinilla. Aunque está fechado el 24 de septiembre su contenido se conoció recién en la noche del jueves.
Uribe salió al paso del pedido de investigación alegando que Pinilla fue su antagonista ideológico desde los años en los que como estudiantes coincidieron en la Universidad de Antioquia.
"El magistrado Pinilla hizo parte de las juventudes subversivas. Desde joven se declaró enemigo mío. Nunca me ha oído ese tribunal, nunca han permitido que un abogado mío esté presente cuando hay testimonios contra mi persona", comentó Uribe a la emisora local RCN.
Uribe explicó que aunque no existe contra él una condena formal, "al compulsar esas copias me hace responsable. Él dice 'investíguelo porque es responsable'. Entonces ahí sí hay una condena a cinco días de elecciones".
El próximo domingo 25 de octubre se celebrarán en Colombia elecciones para elegir gobernadores regionales, alcaldes, diputados de asambleas y concejales. Uribe, actualmente senador, está en campaña por todo el país con sus candidatos para esos comicios.
El fallo se conoce una semana después de que la Fiscalía pidiera a la Corte Suprema investigar a Uribe en referencia a la masacre en 1997 de un grupo de campesinos en el caserío de El Aro, en Antioquia.
En el documento, Pinilla sostiene que "no puede ser que (Uribe) ignorara todo lo que estaba sucediendo en esos casos, o todos esos hechos se cometieran a sus espaldas, como tantos otros que se les atribuyen a sus colaboradores más cercanos y que tampoco podía ignorar como los actos cometidos contra la Corte Suprema de Justicia".
El juez se refiere a la participación de Uribe en la creación en los años 90 de unas cooperativas de seguridad llamadas Convivir que terminaron con lazos con paramilitares.
También a una polémica operación militar denominada Orión que en 2002, cuando era presidente,se desarrolló en una comuna popular de Medellín y que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, estuvo plagada de atropellos y violaciones a las garantías fundamentales de los habitantes de ese sector de la segunda ciudad más importante de Colombia.
Pinilla a su vez hizo alusión a la eventual responsabilidad de Uribe en la matanza de El Aro y a las actividades de espionaje que durante su gobierno se hicieron a los magistrados de la Corte Suprema.
El exmandatario siempre ha negado los cargos, que atribuye a una persecución política de parte de algunos sectores de la justicia y del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
En la actualidad no hay ninguna investigación formal contra Uribe.
jlcg