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Bruselas.— Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE) se reunirán este jueves y viernes en Bruselas para tratar de pasar página a la falta de un criterio común para frenar la ola migratoria.
Los líderes comunitarios tratarán de alcanzar acuerdos sobre repartir dinero a los países vecinos de Siria y poner en práctica el polémico sistema de reubicación de 160 mil refugiados al interior del bloque.
De acuerdo con comunicaciones entre el Consejo Europeo, máximo órgano de decisión de la UE, y los gobiernos de los Estados miembros, los mandatarios hablarán sobre la posibilidad de crear una guardia fronteriza europea, así como del concepto de “fronteras inteligentes”, el cual, bajo iniciativa francesa, incluiría la toma de huellas digitales y el escaneo facial de todo el que entra y sale de la comunidad.
“El espacio Schengen enfrenta hoy tres desafíos, que aumentan en escala y gravedad: un constante aumento de los flujos de pasajeros, una presión migratoria sin precedentes y el aumento de la amenaza terrorista. Este contexto requiere la creación de nuevas herramientas para cambiar la forma como controlamos nuestras fronteras exteriores”, sostiene un documento interno en poder de EL UNIVERSAL, elaborado por la Delegación de Francia ante la UE y dirigido al Consejo Europeo.
Durante la ministerial además discutirán sobre el futuro del sistema de Dublín, una normativa comunitaria que se remonta a 1997 y que intenta clarificar cuál Estado miembro debe ser el responsable de atender una candidatura de asilo.
También discutirán sobre el papel que deben desempeñar los llamados “hotspots”, centros de registro y acogida que en principio entrarán en operación a finales de noviembre en Italia y Grecia, los dos principales puntos de acceso a la Unión.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raad al-Hussei, exige garantías a Bruselas para evitar que estos lugares terminen convirtiéndose en “centros clandestinos de detención”.
Otro tema sobre la mesa es el de agilizar el trámite de asilo. La canciller alemana, Angela Merkel, propone tomar en cuenta la política de asilo de Suiza, la cual se caracteriza por resolver en 48 horas las peticiones de los ciudadanos de los países considerados seguros.
Esta medida, sustentada con acuerdos bilaterales con los países emisores de inmigrantes, como Bosnia-Herzegovina y Serbia, ha acelerado las expulsiones y por tanto, las peticiones han disminuido.
La agencia europea de gestión de fronteras (Frontex), informó el martes que más de 710 mil migrantes entraron a la UE en los primeros nueve meses del presente año, muy por encima de los 282 mil en 2014. Si bien Frontex prevé que los flujos disminuyan durante la época invernal, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidió a los socios de la UE adoptar nuevas medidas para evitar que la migración vuelva a rebasar a los sistemas migratorios en 2016.
“Aun cuando el flujo de refugiados desacelere durante el invierno, debemos estar listos para la primavera y la amenaza de olas mayores a Europa”, afirmó Tusk. El político polaco alertó sobre la llegada potencial de millones de nuevos refugiados el año entrante. “Tan exagerada como pueda sonar esta opinión, nuestra obligación es estar preparados ante todos los escenarios”, dijo.
Referéndum británico. La Unión Europea abordará durante la segunda jornada de la ministerial el controvertido referéndum británico sobre si se mantiene o no en el bloque. Está previsto que el primer ministro, David Cameron, destape algunas de sus cartas y reporte a sus colegas lo que Londres pedirá para permanecer en la UE.
Tusk y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se dicen dispuestos a escuchar las inquietudes del inquilino de Downing Street, pero también han fijado su raya: “Los valores fundamentales de la UE no están a la venta y no son negociables”.
Se prevé que las discusiones sobre los temas más polémicos tendrán lugar en diciembre y podrían estallar si las exigencias británicas implican la modificación de los tratados de la Unión, algo a lo que se opone la canciller alemana.
“El problema de Cameron es que no podrá modificar los tratados antes del referéndum, ya que otros Estados miembros no quieren volver a abrirlos, especialmente cuando Gran Bretaña podría irse de todas formas”, sostiene en un análisis John Springford, investigador del think tank británico Centre for European Reform.
En principio la consulta popular tendría lugar en 2017, aunque podría adelantarse a mayo de 2016, coincidiendo con los comicios en Escocia, Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales.
Hasta ahora, se sabe que Gran Bretaña pretende exigir la expansión del mercado, reducir la burocracia europea, restringir los beneficios sociales para los inmigrantes y devolverle poderes a los parlamentos nacionales.
