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Las autoridades de socorro de Guatemala elevaron hoy a 273 los muertos y bajaron a 267 las personas que todavía están desaparecidas por un alud que enterró centenares de viviendas el pasado 1 de octubre en un asentamiento aledaño a la capital.
Este fue el resultado de una reunión celebrada este domingo entre el alcalde de la municipalidad de Santa Catarina Pinula, donde se produjo el deslizamiento en El Cambray II, Víctor Albarizaes; el secretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Alejandro Maldonado; el ministro de Defensa, Williams Mansilla Fernández, y varios vecinos.
El portavoz de la Conred, David de León, informó a los periodistas de esta reunión, en la que se contemplaron estas cifras, aunque "podrían variar" debido a la incertidumbre de la gente que vivía en la zona cero.
Preliminarmente, las autoridades determinaron que debido al derrumbe quedaron enterradas 73 viviendas, según la base de datos que proporcionó la Empresa Eléctrica de la zona en relación a los contadores.
Sin embargo, de León agregó que los vecinos indicaron que había viviendas que "se subdividian", por lo que estimaron que son 90 las soterradas.
Aplicando "una regla básica de 6 personas por familia", añadió, calcularon 540 personas en la zona, de las que 273 fueron recuperadas.
Maldonado explicó que este trabajo "es bien difícil", por lo que reiteró que los datos pueden variar "en cualquier momento", pero que continuarán "haciendo el mejor esfuerzo" con los vecinos supervivientes para establecer las cifras oficiales y el dato más próximo a la realidad.
Reiteró que "no tenía sentido" declarar "estado de calamidad" el área afectada porque eso suspendería "derechos y garantías constitucionales" de la población, y el objetivo es "garantizarlos".
En este mismo sentido, apostilló que la "alerta pública roja" declarada el pasado viernes permite profundizar en otros aspectos sin restar derechos.
Este deslizamiento está considerado como la mayor catástrofe natural que sufre Guatemala en lo que va de 2015 y según las autoridades "se podría haber evitado" ya que la zona había sido declarado "de riesgo" en hasta dos ocasiones.
Casi 400 personas permanecen albergadas en diferentes puntos, a la espera de que el Gobierno les ofrezca otra posibilidad donde poder vivir.
El personal de rescate continúa en la zona cero trabajando para recuperar más cadáveres, aunque el próximo martes habrá una reunión para determinar si las condiciones de seguridad, climatológicas y de salud (emocional y física) permiten seguir.
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