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Acorralado por las evidencias en su contra, a Otto Pérez Molina no le quedó otra alternativa que renunciar, hace tres días, a la presidencia de Guatemala y someterse a juicio, señalado de ser la cabeza de una gigantesca red de corrupción que cobraba millonarias sumas para dejar ingresar contenedores repletos de contrabando.
Detrás de ese remezón político y jurídico está la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de Naciones Unidas (CICIG), cuyo cerebro es el colombiano Iván Velásquez, calificado de héroe por los guatemaltecos. El colombiano, de 60 años, es el mismo magistrado de la Corte Suprema que salió del país tras coordinar investigaciones que metieron presos a 69 ‘parapolíticos’ y ser víctima de seguimientos y presiones durante el gobierno Uribe.
Desde su despacho, en Ciudad de Guatemala, el exmagistrado habló con EL TIEMPO de la investigación, conocida como ‘la Línea’, y anunció que el escándalo –que tiene presos a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y a 28 funcionarios más– aún no termina.
También dijo que en Colombia falta voluntad para hacer pesquisas de este tipo y que ya hay otros países en los que el clamor popular pide que lleguen comisiones de la CICIG que investiguen la corrupción.
¿La investigación, que le costó la cabeza al presidente Pérez, se inició cuando usted asumió la CICIG?
Sí, en febrero o marzo del 2014. Cuando llegué, empecé a examinar qué era lo que debía investigarse en Guatemala. Tuve reuniones con personalidades, con organizaciones sociales y gente del Gobierno, examinando la realidad de impunidad y las posibles líneas de investigación. De ahí salió que el contrabando era uno de esos temas. Conformamos unidades investigativas con abogados internacionales, investigadores policiales y analistas financieros y de criminalística. Se retomó una antigua investigación que había en la CICIG y ahí encontramos la punta del hilo que nos llevó al tema de ‘la Línea’.
¿Hubo resistencia en las autoridades de Guatemala para colaborar en la investigación? ¿Amenazas?
No hubo amenazas. Pero uno aspiraría, tratándose de un caso tan sensible, por el tema fiscal, que el Gobierno colaborara con toda decisión. Esa colaboración no se obtuvo.
¿Le sorprendió la reacción de respaldo de la sociedad, comparada con la que hubo en Colombia con el tema de la ‘parapolítica’?
Fue espontánea. No pensaba que esto pudiera desencadenar la concentración masiva del 25 de abril, que se fue reproduciendo y creciendo. Fue increíble. Por la resignación y el temor de Guatemala, por lo que vivieron durante el conflicto armado, nadie calculaba un levantamiento de la comunidad. Un hecho inédito en el país.
Esas concentraciones continúan...
Sí. La universidad pública (estudiantes de la Universidad de San Carlos) y la privada (la Francisco Marroquín, señalada de ser neoliberal) se reunieron y se organizaron para participar en las nuevas concentraciones. Incluso formaron un consejo estudiantil de Guatemala (CUG) que todavía está activo y que reclama reformas políticas y legales. Eso es lo más importante, un despertar ciudadano impresionante e impactante, y hermoso.
¿Qué se necesita para reproducir ese tipo de investigaciones en Colombia?
Voluntad. Capacidades técnicas existen. Los problemas son las interferencias externas a los órganos de investigación. Presiones para impedir que actúen en el sentido correcto. Esa es la importancia de la CICIG en Guatemala, que no tenemos intereses en el país y estamos actuando por convicción de justicia. Eso permite ser ajenos a cualquier presión desde el Gobierno, desde el Estado o desde sectores del poder fáctico del crimen organizado. Eso permite hacer investigaciones independientes. El Ministerio Público, como la Fiscalía, ha asumido con mucha valentía e independencia esta investigación que llevamos conjuntamente.
¿Cree que es necesario que la ONU negocie con otros gobiernos de la región la instauración de comisiones similares a la CICIG?
Eso tiene que ser iniciativa de cada país, como ocurrió en Guatemala. Naciones Unidas lo que hizo fue aceptar una petición del Gobierno de Guatemala y definir unas líneas, un mandato. Me parece que es muy importante, dado que en nuestra región hay dependencia de las fiscalías con el poder ejecutivo y el político. Sería muy provechoso que pudieran existir comisiones de esta naturaleza, que puedan impulsar investigaciones como lo venimos haciendo acá. Pero para eso es necesario que los gobiernos estén de acuerdo, porque en Honduras la sociedad lo está reclamando, pero todavía no hay una decisión gubernamental. También en México y en El Salvador... En Guatemala, todo empezó desde sectores de la sociedad, desde organizaciones sociales que reclamaron modelos como el de Naciones Unidas.
Pérez Molina les pidió a los guatemaltecos que no permitieran una injerencia internacional. ¿Ha sentido que su vida peligra?
Nunca pienso en términos de peligro físico. Creo, como me ocurrió en Colombia, que podría estar sometido a campañas de desprestigio para tratar de deslegitimar investigaciones. Pero eso es algo a lo que ya estoy acostumbrado. Mientras cuente con la confianza de Naciones Unidas y de la sociedad guatemalteca, seguiré enfrentando lo que se presente.
¿Aceptaría volver al país a un cargo como Procurador o Fiscal General de la Nación?
No estoy buscando cargos. Lo que tengo es una verdadera convicción de justicia. Lo que pueda hacer para contribuir a que los niveles de impunidad se reduzcan, a que haya una verdadera justicia, por lo menos en nuestra región, estoy comprometido a hacerlo. Mientras que haya una posibilidad de trabajar por mis convicciones, nunca diré que no haya posibilidad.
¿La renuncia y detención de Pérez Molina es el final de este escándalo? ¿Qué falta por destapar?
Esta es apenas una pequeña parte del gran tema de corrupción en el país, que es estructural. ¿Qué más hay que destapar? El desarrollo de las investigaciones lo demostrará. No solo con este tema, sino con los demás temas del país.
