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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) citó hoy a declarar como imputado al presidente en funciones del gobierno catalán, Artur Mas, en relación con la querella que presentó la Fiscalía por convocar una consulta informal ilegal sobre la independencia de esa región.
El magistrado del TSJC Joan Manel Abril, que investiga la causa por desobediencia en el marco de esa consulta popular celebrada el 9 de noviembre de 2014 citó a Mas el próximo 15 de octubre, así como a dos integrantes de su gabinete regional.
Se trata de la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau, también querelladas, aunque a ambas para el 13 de octubre.
Esta citación formal a Mas, Ortega y Rigau ocurre casi un año después de que la Fiscalía presentara, el 21 de noviembre de 2014, una querella en la que los acusaba de desobediencia, malversación de fondos públicos, prevaricación y usurpación de funciones.
Los nacionalistas catalanes llevan más de un año impulsando un proceso que pretenden culmine con la secesión de ese territorio de España y, en ese marco, promovieron una consulta popular de tipo soberanista el 9 de noviembre pasado.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional rechazó ese intento por considerarlo fuera de la legalidad.
Además, la citación de Mas tiene lugar dos días después de las elecciones regionales en Cataluña, que dieron la victoria con 62 escaños a la coalición independentista a la que pertenece Mas, Junts pel Si (Juntos por el sí).
El TSJC acordó investigar a los responsables del gobierno catalán inicialmente por desobediencia a la resolución del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre que suspendió la consulta alternativa del 9N, pero dejó abierta la puerta a indagar todos aquellos hechos que pudieran estar relacionados con la convocatoria, lo que podría comportar que se les imputaran otros delitos.
Desde el partido de Mas, el portavoz de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) en el Congreso, Pere Macías, reaccionó hoy a la citación judicial del líder catalán y consideró que hay una persecución política para "descabalgar a quien ha ganado en las urnas".
Por su parte, el Gobierno español expresó hoy su respeto por la decisión del TSJC, "como en cualquier otro procedimiento judicial", según dijo el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jose Luis Ayllón.
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