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La Fiscalía General de Guatemala refutó ayer los alegatos del presidente Otto Pérez Molina de que nunca fue parte de la trama criminal que provocó una millonaria defraudación en las aduanas guatemaltecas y ratificó que “existe bastante material probatorio” de que el mandatario era el cabecilla de la red de cobro de sobornos para eludir y reducir el pago de impuestos.
En la víspera de que miles de guatemaltecos inicien hoy una jornada de marchas para exigir la renuncia de Pérez como presunto líder de una cadena de corrupción política, el diputado Amílcar Pop, del partido indígena Winaq, reveló a EL UNIVERSAL que ayer fracasó en su intento de que las bancadas parlamentarias acepten dejar al presidente sin inmunidad.
“Les pedí a los jefes de los bloques legislativos que se la retirásemos, por respeto a la institucionalidad y para que inmediatamente sea sometido a juicio. Lamentablemente no encontré eco ni mayoría de votos”, narró. Para despojarlo del fuero se requieren los votos de 105 de los 158 legisladores.
La fiscal general, Thelma Aldana, difundió ayer una grabación que implica a Pérez. “Tenemos la voz del presidente en las escuchas” telefónicas grabadas por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y que “lo que inicialmente era una duda, se fue confirmando en el transcurso de la investigación”, dijo.
El Ministerio Público (MP) y la CICIG, ente querellante avalado por las Naciones Unidas (ONU) e instalado en 2007, acusaron el viernes pasado a Pérez de ser jefe de “La Línea”, que ejecutó la defraudación en un caso por el que ese mismo día fue detenida la ex vicepresidenta Roxana Baldetti como segunda al mando de la red y aliada del mandatario.
Baldetti se negó ayer a declarar por el caso. Durante la celebración de la primera audiencia contra la ex alta funcionaria en el Juzgado B de Mayor Riesgo, que preside Miguel Ángel Gálvez, la Fiscalía exhibió varias escuchas telefónicas, pruebas con las que sustentó su acusación. Mario Cano, el abogado de la ex vicepresidenta, dijo que su defendida, la primera mujer en asumir la segunda magistratura del país, no aparece directamente en esas conversaciones, por lo que “no ha sido clara” su vinculación.
En este contexto, la Comisión y el MP pidieron al Congreso que someta a Pérez a antejuicio y decida si le despoja de la inmunidad. Pop, quien en junio llevó a Pérez a un primer antejuicio legislativo del que a mediados de este mes salió airoso por el mismo caso, dijo que “se evidencia una plena impunidad en estos momentos de quien ejerce la Presidencia con toda ilegitimidad, que puede generar reacciones de convulsión social. Se debilita la institucionalidad: eso es muy irresponsable de parte del presidente”.
“La Corte Suprema de Justicia debe remitir el caso al Congreso, que elegirá una comisión que en un máximo de 60 días emitirá su recomendación que será debatida por el Congreso. Corremos riesgo de perder tres meses. El presidente juega con los plazos, está esperando encontrar algún mecanismo de impunidad que pueda utilizar en cualquier momento”, dijo Pop.
En un mensaje el domingo al país y ante la creciente demanda de que dimita, Pérez, cuyo cuatrienio concluye el 14 de enero de 2016, rechazó renunciar, negó todo nexo con la defraudación y recalcó que demostrará su inocencia en el Congreso. Ayer aumentó a cinco el número de ministros que dimiten, con la renuncia de los titulares de Finanzas, Dorval Carías, y Comunicaciones, Víctor Corado.
Con información de EFE
