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Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos se pronunciaron para pedir que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México sea discutida de una forma seria y profunda porque puede atentar contra los derechos fundamentales de las personas, sobre todo de quienes llevan a cabo una manifestación.
El proyecto de sentencia del Ministro Alberto Pérez Dayán sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México (conocida como "Ley Eruviel" o "Ley Atenco") será discutido mañana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por ello recordaron que la obligación del Estado es limitar el uso de la fuerza, pero ésta se ha desvirtuado gracias a legislaciones permisivas o iniciativas a nivel local y en relación con las Fuerzas Armadas.
Estas iniciativas y legislaciones, denunciaron, incorporan supuestos amplios para permitir el uso de la fuerza frente a manifestaciones, a las que generalmente se les clasifica de manera negativa.
"Casos como Atenco y Oaxaca (2006), Chalchihuapan (2014), Nochixtlán (2016), Ixmiquilpan, y Playas de Rosarito (2017), evidencian cómo la protesta ha sido calificada como disturbio o desorden público, dando pauta al uso de la fuerza pública como primera opción y sin observar los principios de absoluta necesidad, excepcionalidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas, además de no contar con normas claras para la supervisión y control de dichos operativos que se traduzca en una posterior rendición de cuentas", comentó el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, en un comunicado de prensa.
"Es vital que nuestro Tribunal Constitucional tome en consideración la existencia de un contexto social e histórico que demanda una limitación estricta del uso de la fuerza, principalmente en el contexto de manifestaciones, sumado a las recomendaciones internacionales que sugieren que frente al uso de la fuerza las normas sean claras y limitativas para no dar lugar a interpretaciones arbitrarias", enfatizaron.
Pidieron que el Pleno realice normas claras y precisas y establezca pautas claras para poner fin a la existencia de marcos normativos permisivos que vulneran el estado democrático y de vigencias de derechos en nuestro país.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social está conformado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios, Espacio Libre e Independiente Marabunta, entre otros.
