Más Información
Monreal respalda a Sheinbaum en Zacatecas; destaca reforma al Poder Judicial y combate a la corrupción
Presidente del Centro Libanés exige cese inmediato de “atrocidades”; pide respetar la soberanía del pueblo
Niño entrega carta a Sheinbaum en Zacatecas; pide ayuda para su papá, exempleado de Altos Hornos de México
Masacre en Querétaro expone incapacidad de autoridades para garantizar seguridad: Alito Moreno; Gobierno debe asumir responsabilidad, asegura
Sheinbaum: Zacatecas es el estado donde más han bajado los homicidios; reitera respaldo ante los hermanos Monreal
Un juez de control de procesos dictó sentencia condenatoria en contra de cuatro agentes ministeriales de la procuraduría general de justicia del Estado de México, hoy Fiscalía General, que participaron en la tortura de dos mujeres sobrevivientes de la masacre de Tlatlaya, ocurrida en 2014, cuando soldados abrieron fuego contra 24 personas en un paraje de la comunidad de San Pedro Limón.
Se trata de los exoficiales Gabriel Pineda Guerrero, Eulalio Hernández Martínez, Isabel Patricio Siles González y Jesus Antonio vega Vázquez, sentenciados a tres años y ocho meses de prisión, por el delito de tortura.
También deberán pagar una multa estimada por el juez, en 100 mil pesos como pago de la reparación del daño.
Los cuatro exministeriales se encuentran recluidos en el centro penitenciario de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez, donde como parte de un procedimiento abreviado, se les dicto sentencia.
También fueron condenados a un pago adicional de 13 mil 980 pesos a cada víctima por “daño moral”.
Cabe recordar que estos tres policías ministeriales, de acuerdo a la reconstrucción de los hechos que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), practicaron diversos actos de tortura para obligar a las mujeres a declarar que habían sido víctimas de secuestro y que habían sido “rescatadas” por el ejército mexicano, a fin de dar una explicación razonable a la masacre de civiles.
Las mujeres fueron además hostigadas sexualmente y se les practicaron ahogamientos en una taza de baño de las oficinas de la propia procuraduría general de justicia, además de que fueron sometidas a tortura psicológica.
msl