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CHALCO, Méx.— Los estudios de Cristian Alfonso, un niño de 10 años de edad, están en peligro de continuar. La directora de una primaria pública en la comunidad de San Pedro Atlazalpan no lo quiso inscribir porque su madre no pudo pagar 150 pesos de cuota.
“¿Entonces la educación pública en México ya no es gratuita? Yo soy madre soltera y no tengo dinero para pagar esa cuota que dicen que es obligatoria, entonces por qué nos dicen que no debemos pagar por la inscripción y cuando llevamos a nuestros hijos a inscribirlos no nos dejan si no pagamos los que no exigen los directivos de las escuelas?”, denunció.
Cristian Alonso terminó el cuarto grado en julio pasado. Hace unos días, su madre, María Laura Vásquez, lo acompañó la semana pasada a inscribirlo al quinto grado a la primaria Culturas Prehispánicas, ubicada en el poblado de San Pablo Atlazalpan, pero no lo pudo hacer.
“La directora de la escuela, Alma González, me dijo que si quería que lo inscribiera tenía que pagar 150 pesos y yo le dije que de dónde iba a sacarlo porque no es obligatorio hacerlo. Me contestó que lo iba a inscribir cuando pagara, ‘si no tiene dinero vaya a conseguir; ese no es mi problema’, me dijo”.
María Laura, quien tiene tres hijos, contó que además le piden 500 pesos en la secundaria a la que acudirá su segundo hijo y 870 pesos en la preparatoria donde estudiará su primogénita.
“Aparte de la cuotas que están exigiendo para inscribir a mis tres hijos tengo que comprar los uniformes y los útiles que exigen, de dónde voy a sacar tanto dinero”, lamentó.
La madre de Cristian Alfonso se comunicó con la Secretaría de Educación del Estado de México y contó que la directora de la primaria Culturas Prehispánicas le estaba condicionando la inscripción de su hijo.
“Me dijeron que las cuotas no son obligatorias y que no debían negarme que lo pudiera inscribir”, recordó.
La directora del plantel de educación básica le permitió que los inscribiera pero le advirtió que la “cooperación voluntaria” de 150 pesos la tenía que pagar en cuanto inicie el ciclo escolar que comienza el próximo 24 de agosto.
En abril del 2013, el pleno del Senado avaló una reforma a la Ley General de Educación, para prohibir y sancionar que se condicione la prestación de servicios educativos a cargo del Estado.
