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diana.villavicencio@eluniversal.com.mx
Diez ex servidores públicos de la delegación Cuauhtémoc fueron inhabilitados temporalmente por la Contraloría General de la Ciudad de México, informó el director Jurídico y de Gobierno de la demarcación, Pedro Pablo de Antuñano.
Dijo que se trata de ex directores, subdirectores y jefes de Unidad Departamental de la pasada administración, acusados de uso indebido en el cargo y extorsión.
Después de llevar a cabo diligencias por 150 días, la Contraloría General notificó a la delegación Cuauhtémoc sobre estas sanciones a los responsables de llevar a cabo prácticas fraudulentas en el reloj checador, extorsión en obras y abuso de poder.
De Antuñado, quien se hizo acompañar en conferencia de prensa de la fiscal anticorrupción de la Cuauhtémoc, Zuleyma Huidobro González, señaló que son las primeras medidas correctivas que notifica la Contraloría capitalina a la delegación sobre una serie de denuncias interpuestas antes de que el jefe delegacional, Ricardo Monreal Ávila, asumiera el cargo.
Tan sólo en el proceso entrega-recepción de la Cuauhtémoc fueron interpuestos 94 denuncias por presuntas irregularidades, principalmente cometidas en la gestión de Alejandro Fernández Ramírez.
A la fecha, según el director Jurídico y de Gobierno, suman 121 acusaciones ante instancias de procuración y administración de justicia.
“Aprovechamos para hacer un llamado a las autoridades de la Procuraduría capitalina para que se investiguen otras 11 denuncias interpuestas por uso incorrecto de atribuciones”, demandó De Antuñano.
Los inhabilitados no podrán ejercer algún cargo público, cuatro de ellos vinculados a la práctica fraudulenta del reloj checador y que hace meses se denunció sobre una red de corrupción comandada por un coordinador de estructura de la administración del ex delegado, Alejandro Fernández.
Omar Jaime Rosas, adscrito a la Dirección de Recursos Humanos, fue impedido junto con otros tres responsables Gerardo Mendoza Aguilar, José Alberto Torres García y Luis García Peña para volver al servicio público.
A ellos se les comprobó actos de extorsión por el reloj checador en contra de trabajadores a quienes les exigían cuotas quincenales desde 50 hasta 200 pesos para cubrir faltas.
Otro grupo corresponde a un ex subdirector de Obras Públicas, Alejandro Jiménez Zavala, por estar relacionado junto con Ignacio Ogando Mouriño en extorsiones en materia de obras y desarrollo urbano.
Por abuso de poder, la Contraloría sancionó al primer director de Equidad Social, José Luis Suárez Martínez, así como a la ex jefa de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, María Elena Lara Zetina, y a Jenny Zuluaga Aguilar.
La ex subdirectora administrativa de la Dirección General Jurídico y de Gobierno, Rosa Ema Campos Lara, también fue inhabilitada. La Fiscalía Anticorrupción analizará si también ameritan castigo penal.
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