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Al cumplirse casi cuatro meses de los asesinatos en la colonia Narvarte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo anunció que emitirá dos recomendaciones.
Ello, por las filtraciones de información y por la violación a las medidas precautorias en este caso, tanto para la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), como para el Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF).
Aseveró que la Ciudad de México está obligada a enviar un mensaje de que aquí no se van a permitir este tipo de prácticas.
En entrevista, declaró que desde el primer momento que mandaron medidas precautorias para no revictimizar a los afectados se pidió que se resguardarán los datos, se aplicara el protocolo de feminicidios y no cerraran las líneas de investigación por posible atentado a la libertad de expresión.
Señaló que lo que pudieron documentar fue la violación a las medidas precautorias por las filtraciones que se detectaron en medios de información, donde había incluso fotografías de extractos de la investigación.
La ombudsperson capitalina señaló que esperan un castigo ejemplar por estas filtraciones e incluso el procurador Rodolfo Ríos Garza, le adelantó que se abrió una averiguación previa para indagar al interior de la dependencia y no se vulneren los derechos a los afectados por filtraciones.
Durante su comparecencia, Gómez Gallardo solicitó a los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) un presupuesto de por lo menos 410 millones de pesos para 2016 para garantizar la operación de dicha comisión y la inversión básica.
Subrayó que un recorte a la CDHDF sería un pésimo mensaje de parte de las autoridades y de la ALDF en cuanto a su compromiso con la defensa de las garantías individuales.
“De entrada porque el 82 por ciento de su presupuesto es de servicio para las personas y que velamos por más de 56 derechos que garantizamos en la ciudad, de tal manera que cualquier recorte, representa una amenaza para el buen funcionamiento de la comisión”, sentenció.
Antes Gómez Gallardo dijo a los representantes populares que las quejas por la proliferación de las construcciones en la ciudad y por el uso irregular del suelo urbano se han incrementado de manera considerable.
Sostuvo que el derecho urbano, debe reconocerse como un derecho humano en la Ciudad de México, por lo que al menos se han emitido durante el año 28 recomendaciones por construcciones irregulares y cambio de uso de suelo.
Reiteró que cualquier persona tiene derecho a una casa habitación digna, pero toda construcción pasa por un derecho al agua, a la movilidad y contra el hacinamiento.
Incluso, pidió a los legisladores capitalinos, garantizar presupuesto a las dependencias del gobierno de la ciudad para que cumplan con las recomendaciones que al respecto ha hecho su comisión.
“Violar derechos humanos cuesta, si no quieren pagar no violen derechos humanos, y si hay víctimas, deben asumir su responsabilidad”, subrayó.
Sostuvo que no debe utilizarse como pretexto que las dependencias no cuentan con los recursos económicos para resarcir los daños a los quejosos.
La titular de la CDHDF les dejó en claro a los legisladores capitalinos que es necesario hacer adecuaciones a las leyes de la ciudad porque la ambigüedad ha sido la más afortunada ante la proliferación de obras irregulares en la capital del país.
mvl
