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johana.robles@eluniversal.com.mx
El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Jorge Gaviño, aseguró que la reapertura 100% de la Línea 12 se hace bajo condiciones de seguridad. El pasado 28 de Octubre, regresaron al servicio las primeras cinco estaciones que eran de Culhuacán a Periférico Oriente, y este domingo abrirán las seis que faltan.
“Condiciones de seguridad y condiciones de funcionalidad absoluta”, afirmó quien fue nombrado nuevo encargado de la red de transporte público masivo desde el 16 de julio pasado, tras la renuncia del ex titular Joel Ortega.
Jorge Gaviño, quien fue el presidente de la Comisión Especial del caso de la Línea 12 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), reconoció que el fenómeno del desgaste ondulatorio existirá por lo que se tendrá que tener un cuidado especial.
Precisó que las nuevas condiciones requieren un programa de mantenimiento especial donde participará la empresa CAF quien diseñó, fabricó, opera y da mantenimiento a los 30 trenes férreos, pues ahora se prevé que haya un mayor desgaste en las ruedas de los convoyes, pues las vías se endurecieron.
Mientras tanto, para la reapertura de la Línea 12, el gobierno capitalino contrató a una empresa certificadora de los trabajos TUV Rehiland la cual ha emitido opiniones favorables para la puesta parcial en operación.
El secretario de Obras y Servicios del DF, Édgar Tungüí, precisó que la certificación total de la Línea será hasta que se concluyan los trabajos, e incluso, la intervención que se realizará en el tramo subterráneo donde se tiene previsto cambiar tramos de vías, para lo cual no será necesario suspender el servicio.
Litigios llegan hasta la SCJN. Mientras la reparación de la Línea 12 del Metro se realizó, el gobierno del Distrito Federal (GDF) no logró alcanzar un acuerdo con el consorcio integrado por ICA, Alstom y Carso y se enfrascaron en los tribunales por diversos temas que van desde el reclamo por obras pagadas pero no ejecutadas, o por estructuras faltantes, hasta el tema de si los jueces locales o federales deben dirimir las diferencias.
Los actos que se litigan van desde que las empresas paguen el costo de la reparación, que el gobierno capitalino li quide al consorcio 2 mil 300 millones de pesos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará si son los jueces federales o los locales quienes deban resolver las demandas en el caso de la Línea Dorada.
De acuerdo con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del DF, existen siete juicios abiertos. El primero es de índole federal que promovió el consorcio constructor para que el GDF le pague 2 mil 274 millones 912 mil 919 pesos por obras ejecutadas, pero que estaban fuera del contrato. La administración local rechaza este pago.
El segundo es el que interpuso el GDF contra el consorcio constructor ante tribunales locales, llamado “acción declarativa”, para que determine si las empresas ICA, Alstom y Carso tienen la obligación de pagar todas las obras que se deriven del contrato principal de obra que es de 17 mil 585 millones de pesos. Con esto, se busca que el consorcio pague la rehabilitación.
El tercero es el amparo que promovieron las empresas contra la decisión unilateral del GDF de acabar el contrato principal y reclamar el pago de poco más de 2 mil millones de pesos por obras faltantes y mal ejecutadas.
El cuarto es respecto a la competencia federal o local para resolver la demanda civil que son 2 mil 300 millones de pesos que exige el consorcio al GDF.
El quinto y sexto son dos juicios de amparo que ha promovido el consorcio constructor contra la llamada “acción declarativa” para determinar los alcances del contrato. El séptimo que se sumó es que el GDF ejecutó la póliza de vicios ocultos para que el consorcio constructor se haga cargo de obras que —de acuerdo con el gobierno capitalino— se consideran faltantes.
Los responsables. Tanto Enrique Horcasitas como Francisco Bojórquez, ex titular del Proyecto Metro y ex director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, respectivamente, fueron sancionados por la Contraloría General del Distrito Federal por irregularidades cometidas en sus ámbitos de competencia.
La Contraloría General del DF ha sancionado a un grupo de 40 ex funcionarios públicos de los cuales, la mayoría, ha interpuesto recurso ante el Tribunal de lo Contencioso del DF.
