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fanny.ruiz@eluniversal.com.mx
El gobierno delegacional priísta de Milpa Alta solicitó a la Contraloría General del DF revisar la documentación para que determine si los familiares del titular de la demarcación, Jorge Alvarado, contemplados en su gabinete, pueden desempeñarse en los cargos para los que fueron considerados.
“Nosotros no tenemos ninguna duda, pero se ha solicitado a la Contraloría que revise sus perfiles, su hoja de vida, evidentemente, y lo demás que dé la viabilidad de su nombramiento, porque evidentemente es una de las atribuciones de la Contraloría revisar que los funcionarios sean nombrados conforme lo dicta la norma y no exista ningún conflicto de intereses del señor delegado”, dijo Efrén Sánchez Ocaña, director de Jurídico y Gobierno en la demarcación.
La acción se tomó luego de que esta casa editorial publicó que Alvarado Galicia nombró como directora General de Desarrollo Social a su sobrina Carmen Salazar Alvarado y como director de Desarrollo Rural a su cuñado Efrén Enríquez Soriano.
Dicha denuncia circuló en redes sociales y a través de la cuenta de Facebook “Milpa Alta Transparente” también acusaron al cuñado del delegado de darle un cargo a su sobrino Zimri Barona Almazán, como coordinador de Comunicación Social, y a su sobrina Karla Marlen Mancera Enríquez, con un puesto administrativo menor.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Efrén Sánchez aseguró que ningún cargo está confirmado, ya que todo el personal está sujeto a una evaluación. “Todos aquellos colaboradores que están ahorita con el jefe delegacional están aún sujetos a evaluación y todavía su ratificación definitiva depende de la información y el análisis administrativo de los documentos que nos están entregando”, detalló.
Mencionó que debido a que la delegación apenas está dentro de los primeros 10 días hábiles de gobierno, ninguno de los colaboradores ha recibido recursos públicos.
Efrén Sánchez aceptó que Carmen Salazar Alvarado y Efrén Enríquez Soriano tienen un grado de parentesco con el delegado, pero insistió en que las autoridades competentes serán las que determinen si pueden ser nombrados como directores.
“Nosotros sabemos que tiene una exclusión de ley, pero no me gustaría declararlo yo porque podríamos parecer juez y parte, lo que queremos es que sea la Contraloría la que se pronuncie y diga si se cumple con la normatividad en la materia”, comentó.
Por su parte, el ex diputado federal del PRD Alejandro Sánchez Camacho anunció que presentará en los próximos días una denuncia contra el delegado por “nepotismo” y que sean las autoridades correspondientes las que determinen esta situación.
