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phenelope.aldaz@eluniversal.com.mx
Las declaraciones de conflicto de intereses se harán públicas si los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal (GDF) así lo determinan, afirmó el contralor general capitalino Eduardo Rovelo.
“Vamos a conocer los nombres y las empresas. Tenemos que dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales, eso es una obligación constitucional y tenemos que protegerlo de manera adecuada”, explicó.
En entrevista durante el Simposio La Buena Administración como un Derecho Humano, el contralor general precisó: “Es público en la medida en que el funcionario así lo decida, eso es una garantía constitucional”.
Informó que de 25 mil servidores públicos en el GDF, a la fecha, alrededor de 11 mil —incluido el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa— han cumplido con la presentación de su declaración de conflicto de intereses.
Recordó que los trabajadores del gobierno local tienen hasta el próximo 30 de agosto para dar cumplimiento a esta disposición y no se abrirá prórroga alguna. “Tenemos que saber en qué procesos están impedidos para participar y evitar malas interpretaciones”, agregó.
Eduardo Rovelo comentó que como parte de las investigaciones que realiza la Contraloría General del gobierno capitalino, la próxima semana estará lista un nuevo directorio de funcionarios sancionados por irregularidades, entre ellos algunos involucrados en la Línea 12 del Metro.
Corrupción. Durante la inauguración del foro, Miguel Ángel Mancera aseguró que su administración trabaja para erradicar la corrupción al interior de las dependencias de gobierno y con ello generar confianza entre los ciudadanos.
“Estamos trabajando por una ciudad más transparente, una ciudad decidida al combate a la corrupción, a prácticas reiteradas pero que no son sanas, a prácticas que no porque así se hayan acostumbrado quiere decir que estén bien, esto es lo que tenemos que ir despejando y tenemos que ir desterrando”, expresó.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, señaló que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 47% de los mexicanos consideran que existe corrupción en los trámites que realizan.
Sin embargo, apuntó que sólo cuatro de cada mil servidores públicos recibieron algún tipo de sanción.
El consejero jurídico, Manuel Granados, dijo que de acuerdo con los indicadores de Transparencia Internacional 2014, México ocupa el lugar 103 de entre 175 países.
“Esto nos obliga, como autoridades, a tomar medidas de carácter jurídico encaminadas a desterrar aquellas prácticas y conductas administrativas que erosionen la credibilidad y la legitimidad de los distintos gobiernos”, enfatizó.
