A fin de mes Corte dice si atrae caso de Línea Dorada

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Debido a que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) no tiene facultades legales para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el caso de los litigios relacionados con la Línea 12 del Metro, la administración de Miguel Ángel Mancera deberá esperar a que un ministro de la Primera Sala asuma dicha petición.

De acuerdo con lo marcado por los artículos 107 constitucional y 85 de la Ley de Amparo, las únicas autoridades que pueden solicitar a la Corte la atracción de un juicio de amparo son los Tribunales Colegiados de Circuito, la Procuraduría General de la República (PGR) —en aquellos asuntos en los que forme parte— y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Sin embargo, ambas normas reconocen que los ministros pueden ejercer la atracción en aquellos juicios de amparo que así lo ameriten por su interés y trascendencia, decisión que no debe exceder un plazo de 30 días una vez que tengan conocimiento del caso.

Una copia del documento enviado por el GDF a la Corte revela que al menos cuatro ministros de los que componen la Primera Sala, incluyendo a su presidente, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, fueron notificados del asunto, por lo que la respuesta a la solicitud del gobierno de Mancera podría conocerse antes del 30 de agosto.

Los otros ministros que tienen en sus ponencias la petición del gobierno local son Jorge Mario Pardo Rebolledo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cossío.

EL UNIVERSAL reveló ayer que el pasado 20 de julio fue entregada la petición del gobierno capitalino para que la Corte ejerza su facultad de atracción en un litigio que inició contra las empresas constructoras de la Línea 12 del Metro Ingenieros Civiles Asociados, Alstom Mexicana y Carso Infraestructura para que el máximo tribunal defina si los jueces federales o locales serán los responsables de resolver todos los juicios civiles, de amparos y apelaciones relacionados con las fallas de dicha obra, ya que no existen criterios sobre la competencia de jueces y tribunales en un litigio vinculado con obra pública financiada de manera conjunta por la Federación y los gobiernos locales.