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A partir del jueves entró en vigor el acuerdo regulatorio de transporte privado de pasajeros y que permite a empresas como Uber y Cabify prestar servicio legalmente.
Luego de cumplirse los 15 días naturales asentados en la Gaceta Oficial desde el pasado 15 de julio, el viernes 30 se hizo efectivo el acuerdo en medio de controversia y negativa del gremio taxista.
De acuerdo con el documento regulatorio, entre las normativas que se aplicarán destacan que la Secretaría de Movilidad será la encargada de crear un registro de quienes prestan el servicio; emitirá un permiso para los operadores y exigirá que reciban capacitación.
Como parte del esquema de regulación, dichas empresas aportarán 1.5% del costo de cada viaje al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón. Aunque no han publicado los lineamientos para el fondo, el documento inicial indica que el dinero ingresado será invertido en mejoras para el servicio de taxis.
Los vehículos susceptibles de ser permisionados deberán contar con: calcomanía “cero”, portar identificación en el interior del vehículo y su precio deberá ser de 200 mil pesos, de acuerdo al costo de factura de origen lo cual, denuncian Uber y Cabify, resulta inconveniente y dejará a cientos de operadores sin la posibilidad de ingresar al modelo de trabajo al no contar con carros de dicho valor.
Al mismo tiempo, la regulación contempla que las empresas deberán respetar el modelo de trabajo al impedir el pago en efectivo y prepago; el subarrendamiento de vehículos concesionados y hacer base o sitio.
Dicha regulación que también contempla la creación de plataformas tecnológicas para los taxis concesionados, se obtuvo tras mesas de trabajo entre autoridades capitalinas, taxistas, empresas de choferes privados y expertos en movilidad.
A pesar de que el acuerdo entró en vigor, los taxistas anunciaron que lo van a impugnar.
