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phenelope.aldaz@eluniversal.com.mx
Aquellos que cometieron delitos como robo a cuenta habiente o a casa habitación podrían ser beneficiados con las nuevas medidas del Sistema Penal Acusatorio y seguir en libertad, señaló el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los procesados por el anterior sistema puedan solicitar el beneficio de continuar su proceso en libertad, dijo que una de las mayores preocupaciones se centra en el robo en sus distintas modalidades.
“Un robo a cuentahabiente que hubiera sido grave por la consideración en la Ciudad de México, ahora, con esta interpretación, ya no sería delito grave; esta persona podría solicitar su libertad provisional. ¿El Ministerio Público qué tendría que hacer? Analizar, por ejemplo, si hubo violencia, si hubo personas heridas, precisamente por el riesgo hacia la sociedad”, explicó.
El Código de Procedimientos Penales de la Ciudad cataloga al robo como delito grave; sin embargo, de acuerdo con el artículo 19 de la Constitución Política federal, si no fue cometido con medios violentos, como armas, es considerado no grave y el imputado puede llevar su proceso en libertad.
“Esa es la preocupación, pero para que puedas obtener la libertad provisional tienen que solicitarla; entonces, en el momento en que la soliciten, el Ministerio Público tiene que estar muy atento en los casos en que no se deba conceder”.
Problema nacional. Miguel Ángel Mancera afirmó que la advertencia que hizo por la salida de 4 mil reos, que cometieron delitos antes considerados como graves, no es exclusiva de la Ciudad de México; a nivel nacional la cifra podría cuantificarse por “miles más”.
“Esto va a ser nacional, es un criterio nacional. El número que yo les dí es sólo la Ciudad, pero estamos hablando de muchos miles más”.
En entrevista, luego de acudir al partido de fútbol que se realizó en el Zócalo, el jefe de Gobierno capitalino insistió en la necesidad de ampliar el catálogo de delitos graves, como se ha planteado desde la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para que se pueda aplicar prisión preventiva a quienes los cometan.
