Más Información
metropoli@eluniversal.com.mx
La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia, locales, por la deficiente investigación que se realizó respecto al multihomicidio ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, donde fueron asesinadas cinco personas, entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinosa.
Perla Gómez Gallardo, titular del organismo, dio a conocer que del análisis realizado por la CDH local se desprendió que las actuaciones ministeriales carecen de una investigación adecuada, toda vez que desde su inicio no se actuó conforme a los protocolos de investigación determinados para cada delito.
“No se estableció una línea de investigación especial para el esclarecimiento de los hechos, que consideraban que los mismos se pudieron haber producido con motivo de alguna característica particular de las víctimas, tales como género, nacionalidad, ejercicio periodístico y defensa de los derechos humanos”, explicó.
El homicidio ocurrió la madrugada del 31 de julio de 2015 en un departamento de la colonia Narvarte, donde fueron asesinados Olivia Alejandra Negrete Avilés, de 40 años, quien se desempeñaba como trabajadora del hogar; Nadia Dominique Vera, de 32 años, ella era defensora de derechos humanos; Mile Virginia Martín, modelo de 31 años de nacionalidad colombiana; Yesenia Atziri Quiroz Alfaro, de 18 años, maquillista, y Rubén Espinosa Becerril, de 31 años, que trabajaba como fotoperiodista.
La ombusdperson resaltó el incumplimiento de las autoridades de garantizar la protección de los derechos humanos de acuerdo a estándares internacionales, así como a la no realización de una investigación seria, expedita, efectiva y con perspectiva de género.
Expuso que a pesar de que han pasado dos años del caso, la procuraduría capitalina continúa agotando las investigaciones, éstas han constituido violaciones al derecho al debido proceso y debida diligencia.
“La deficiente conducción de estas investigaciones, la omisión de aplicar los protocolos para cada tipo de delito, la demora prolongada en la investigación, la negligencia e irregularidades en la recolección y realización de pruebas, así como la falta de exhaustividad en el seguimiento de líneas de investigación, violan estos derechos”, argumentó.
La ombudsperson resaltó que los familiares de las víctimas se han enfrentado con un sistema ineficiente que no realizó las investigaciones conforme a estándares en materia de derechos humanos ni incorporó los protocolos pertinentes, lo que se traduce en el incumplimiento de sus obligaciones de procuración e impartición de justicia.
La CDH recomendó a la procuraduría local reuniones de trabajo con las víctimas directas, que se agoten todas las líneas de investigación, se actualicen los protocolos de actuación en tema de feminicidio y en agravio a periodistas, así como el de determinar la responsabilidad por la filtración de datos contenidos en la averiguación previa y sus desgloses. Al tribunal le solicitó inicie las investigaciones para deslindar responsabilidad por las omisiones en la práctica de las necropsias de las víctimas.
