Más Información
Durante los últimos 18 meses, empresarios y comerciantes de la Ciudad de México han visto mermadas sus ganancias, así como la venta de diversos productos y servicios, a raíz de un repunte en la inseguridad, a grado tal que la inversión en sistemas de seguridad, escoltas, rejas y otros enseres para cuidar su mercancía, a sus empleados o la integridad física del propietarios, aumentó un 30 por ciento.
Así lo explicó la investigadora, Angélica Garnica Sosa, en el foro “Análisis del Marco Jurídico de la Protección Ejecutiva en la Ciudad de México” que organizó la Vicepresidencia de Prevención del Delito Comisión de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México, evento en el que también los empresarios mostraron su inconformidad por las exigencias que impuso el gobierno capitalino.
Al verse obligados a rotular las unidades que sirven de escolta, los comercientes se vuelven un blanco fácil para los delincuentes, ya que de inmediato detectan que hay un empresario y es secuestrable, detalló la investigadora en el foro donde participaron también asambleístas y expertos en cuestión de seguridad.
Sobre los robos y la extorsión, se dio a conocer que la problemática se presenta en casi toda la ciudad y afecta desde grandes marcas hasta la tienda de abarrotes de la esquina de cualquier colonia, por lo que se hizo un llamado a las autoridades encargadas de la impartición de justicia a que se atienda de manera urgente ésta situación.
Además, se exhortó a no desestimar los datos que apuntan a que “el robo y el tema de la extorsión es lo que más afecta al comercio local”, ya que son resultado de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) así como de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
Garnica Sosa indicó que estos datos los debe tomar en cuenta el gobierno para saber dónde actuar y dónde prevenir delitos. “Esos son dos de los ejes en los que deberían estar involucrados la Secretaría de Seguridad Pública, el jefe de Gobierno y la Procuraduría Local; deben implementar acciones muy puntuales para prevenir y garantizar la seguridad de comerciantes y empresarios”, agregó.
Al ser cuestionada sobre la actitud de las autoridades policiacas que de manera sistemática niegan el hecho de que exista el delito de extorsión en la ciudad, la investigadora explicó que efectivamente desconocen el hecho porque los empresarios no denuncian por dos cuestiones: por el miedo y por la justicia burocrática. Asimismo reveló que nueve de cada 10 delitos de este tipo no se denuncia.
“Para frenar esto se deben facilitar los procesos y la impartición de justicia, es decir, que si se detiene a un presunto responsable y este resulta ser el participante en un delito, que se castigue. Así se manda el ejemplo de que se trabaja, de otra forma, queda simplemente la sensación de inseguridad”, puntualizó Garnica.
pmba
